Tegucigalpa, Honduras
La adulteración en cualquiera de sus formas de la identidad internacional del equipo móvil, conocida como IMEI, será ahora fuertemente sancionada y se dificultará hacer en dispositivos que se reporten como robados o extraviados en el país.
El Congreso Nacional aprobó el miércoles varias reformas al decreto legislativo 19-2014 con el que se creará una base de datos nacional en la que se registrarán todos los IMEI al igual que las tarjetas SIM -chips- en una lista blanca o positiva.
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Este registro lo hará la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como complemento a la lista negra existente y operativa desde 2014 en la que se bloquean los terminales notificados como hurtados. Los usuarios de la telefonía móvil podrán hacer este procedimiento vía mensaje de texto o por medio de la página de Internet de este organismo estatal.
“Un celular cuyo IMEI no está en dicha lista positiva o blanca no va a poder ser activado; esto nos va a ayudar a combatir el contrabando de celulares”, detalló el director de Regulación Económica y Mercados de Conatel, Dustin Santos.
En marzo de 2015, EL HERALDO publicó una serie investigativa que desveló cómo se burla la lista negra de celulares en negocios de la capital, clonando los IMEI de dispositivos a bajos precios. Del 2014 a abril de este año, 473,439 IMEI habían sido bloqueados a nivel nacional, según un reporte oficial.
Multas
Multas que van desde los 20 a 100 salarios mínimos (equivalentes a 176,000 y 880,000 lempiras) se impondrán con estas enmiendas a quienes contravengan las disposiciones como la adulteración, conexión y reconexión ilegal de aparatos móviles robados.
A las personas naturales y jurídicas se les obligará a registrar, así como controlar, el uso de las cajas de liberación que son empleadas para activar los móviles comprados en el exterior, generalmente en los Estados Unidos.
Un canal informático de consulta gratuita deberá proporcionar el Registro Nacional de las Personas (RNP) a Conatel para verificar la consistencia de la información proporcionada por los usuarios de los operadores del servicio de telefonía móvil.
Las reformas entrarán en vigencia al ser publicadas en el diario oficial La Gaceta
