La masacre ocurrida en Las Vegas, Estados Unidos, donde una persona de 64 años, desde el piso 34 de un hotel, planificó y se preparó con muchos rifles y cientos de municiones con los que abrió fuego en contra del público que asistía a un concierto, es un acto lamentable e inhumano porque le quito la vida a 59 personas y dejó a más de 500 heridas, las cuales departían en un concierto; ya antes había ocurrido una en un club gay en Orlando.
Obviamente esto abre el debate sobre dos temas fundamentales: la seguridad que deben mantener las zonas comerciales, hoteles y espacios públicos; y la portación y tenencia de las amas de fuego y municiones en un país que las produce y tienen el suficiente lobby para impedir su restricción.
En el mundo debemos entender que las armas son un instrumento de muerte y no de protección, en tal sentido el Observatorio de la Violencia de la UNAH establece que entre enero de 2005 y junio de 2017 (12 años y medio) en Honduras han perdido la vida mediante el uso de armas de fuego el 79.9% (49,494) de las víctimas. Este es un factor de riesgo que nos presenta ante el mundo como un país violento.
La sociedad civil, desde hace muchos años, demanda una nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.
Muchos congresistas lo han intentado, el último proyecto de ley lo presentó el diputado Osman Aguilar, solo falta que los actuales y futuros diputados ante el Congreso Nacional analicen que esta es una responsabilidad ineludible.
Deben revisar con carácter urgente, analizar, los requisitos para que una persona pueda obtener licencias porque, sin duda, las armas de fuego en manos de personas menores de 21 años son una amenaza.
El perfil psicológico que demuestre mediante pruebas toxicológicas que no consumen drogas, que cuentan con un buen estado de salud, sin antecedentes penales ni judiciales, además de las formas de comportamiento social aceptables, deben ser obligaciones que no se pueden eludir.
No hay que olvidar que el Estado tiene la obligación de proteger y preservar el derecho a la vida de las personas.
