Tegucigalpa, Honduras
En manos del Ministerio Público (MP) están dos nuevas líneas de investigación presentadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre presuntos actos de corrupción en el Programa de Asignación Familiar (Praf), durante el gobierno anterior que lideró el expresidente Porfirio Lobo Sosa.
De acuerdo a las investigaciones, el Praf otorgó de forma fragmentada 420 contratos, de los cuales 243 fueron para una sola empresa, mientras que los 177 restantes fueron repartidos entre dos empresas ligadas entre sí.
El perjuicio económico ocasionado a las arcas del Estado, según el CNA, fue de más de 30 millones de lempiras.
Los dos casos están siendo investigados por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.
Hasta ahora se desconoce el nombre de los exfuncionarios públicos y las empresas involucradas.
Primer caso
La primera línea de investigación se trata de la colusión de al menos ocho exfuncionarios que integraban el comité de selección y adjudicación de ofertas del Praf, que administraron más de 46.6 millones de lempiras para la contratación de empresas, encargadas de la ejecución de varios proyectos de capacitación a nivel nacional.
El perjuicio económico para el Estado hondureño por este caso fue de más de 17.4 millones de lempiras, indica la misma línea de investigación.
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Según el CNA, esta institución ejecutó pagos millonarios a través del fraccionamiento de contratos con el objetivo de evadir procedimientos establecidos en la ley de Contratación del Estado.
En la investigación se identificó la adjudicación de 243 contratos con una sola sociedad mercantil. “Todos los contratos comparten el mismo objeto de prestar servicios de capacitación distribuidos en 16 departamentos del país y se ejecutaron en el periodo comprendido del año 2012 al 2014”, indica el documento al que tuvo acceso EL HERALDO. Por el total de los 243 contratos, el Praf pagó un total de 43,625,750.00 a la empresa contratada.
Para evitar los requisitos establecidos por la Ley de Contratación del Estado, los montos de cada contrato no sobrepasaban los 180 mil lempiras por servicios de capacitación en áreas de panadería y repostería, mecánica automotriz, soldadura, belleza y cosmetología, electricidad, manualidades, procesador artesanal de lácteos y cocina básica y otros.
De esta forma los respectivos comités de adjudicación permitieron un fraccionamiento de contratos que dio lugar a que se beneficiara a una empresa mercantil.
Segundo caso
En esta investigación se identificó la adjudicación de 177 contratos a dos sociedades mercantiles, indica la investigación a la que tuvo acceso EL HERALDO.
“Todos los contratos comparten el mismo objeto de prestar servicios de capacitación distribuidos en 16 departamentos del país y se ejecutaron en el periodo comprendido del año 2012 al 2014”, indica el documento.
Presuntamente, dos empresas mercantiles fueron las favorecidas. “Se favoreció con la adjudicación 177 contratos a las asociaciones civiles denunciadas, de los cuales 94 contratos fueron adjudicados a la primera asociación civil por un valor de 16,551,360.91 lempiras y 83 contratos a la otra asociación civil por un valor total de 14,918,586.28 lempiras”, según establece la investigación.
El monto total pagado por el Praf en concepto de contratos por servicios de capacitación ascendió a 31,469,947.19 durante el periodo 2012 al 2014.
Según el CNA, este tipo de capacitaciones tienen un valor de 18 millones de lempiras, por lo que presuntamente hubo un perjuicio de 12,587,978.88 lempiras.
En este caso también los montos no sobrepasaban los 180 mil lempiras, por lo que se presume que hubo colusión de parte de los funcionarios para fraccionar el otorgamiento de cada uno de los contratos.
La intención de estos contratos era ejecutar proyectos de desarrollo humano sostenible, creando los programas denominados proyecto de Desarrollo Integral de la Familia, en su componente Bono Juvenil ,y el proyecto de Desarrollo Integral de la Mujer conocido como DI-Mujer.
Estos dos proyectos fueron enfocados en formar mujeres y jóvenes en las áreas de capacitación social, organizativa, en controles internos de contabilidad, productiva, artes, deportes, microempresarial y otras.
“Los proyectos fueron administrados de forma irregular por los funcionarios denunciados, quienes invirtieron una gran cantidad de fondos públicos asignados al Praf en la contratación de asociaciones civiles y empresas mercantiles, generando pagos millonarios por contratos. Los contratos fueron estratégicamente fraccionados y sobrevalorados”, concluye la investigación del CNA.
