Tegucigalpa, Honduras
La extensión de seis meses más al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 56,790 hondureños pasó por una serie de valoraciones del gobierno de Estados Unidos.
Elaine Duke, secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), explicó en un memorándum dirigido a James Nealon, subsecretario de Asuntos Internacionales, y a Francis Cissna, director de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), en qué se basó para tomar su decisión.
Además amplió un panorama que incluye la colaboración con el gobierno de Honduras para tomar una decisión final el 5 de julio de 2018 y el apoyo que solicitará al Congreso.
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La explicación
En el documento posteado en la página oficial del USCIS, Duke “observó que la reintegración exitosa de los ciudadanos de TPS en la economía hondureña podría tener un impacto significativo en los recientes esfuerzos del departamento para frenar el flujo de inmigración ilegal, confrontar pandillas violentas y frustrar organizaciones criminales transnacionales”.
Además, “el personal de DHS ha consultado con una amplia variedad de entidades externas. Información que recibí incluyendo el informe de condición de país de Honduras del Departamento de Estado, no fue concluyente en cuanto a la capacidad de Honduras para manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales al país sin grandes interrupciones”, argumentó.
En el memorándum Duke acordó un acercamiento con Honduras, “tengo miembros dirigidos de mi equipo de liderazgo para continuar la participación con el gobierno de Honduras a medida que evaluamos las condiciones del país y su capacidad para manejar la potencial transición ordenada de sus nacionales de regreso a su país de origen”.
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A futuro la secretaria interina plantea una decisión. “En los próximos meses, buscaré información adicional y revisaré condiciones del país de Honduras, si determino las condiciones del país ya no garantizo una continuación, terminaré la designación”, dijo.
Duke mencionó las deficiencias del TPS y las regulaciones que el Congreso deberá entablar para buscar una solución a los tepesianos. “TPS, tal como lo establece la ley, tiene la intención de ser de naturaleza temporal. Los beneficiarios deben planear en consecuencia, por el día en que su estado de protección llegará a su fin. El gobierno de Estados Unidos no puede mantener un programa que va desde la fecha límite hasta la fecha límite, dejando a las personas en el limbo legal para décadas”.
Por último mencionó que “también alentaré al Congreso, trabajando con la administración, a considerar cambios en las leyes de inmigración, consistentes con las prioridades de inmigración del Presidente, para proporcionar un solución permanente para las personas que han vivido y trabajado en los Estados Unidos por muchos años bajo el Estatus de Protección Temporal”.
La semana anterior el diario estadounidense The Washington Post reveló que el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, presionó a la secretaria de Seguridad interina para que cancelara el TPS a los hondureños.