Tegucigalpa, Honduras
Más de un centenar de diputados del actual Congreso Nacional de la República están siendo investigados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial de Combate a la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), porque presuntamente recibieron fondos públicos a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Este extremo fue confiado a EL HERALDO por una fuente ligada a las investigaciones.
De acuerdo a las indagaciones de la Ufecic, existe una red de parlamentarios que utilizó Ong para apropiarse de fondos que iban destinados a proyectos sociales, pero al final, en la mayoría de los casos, los recursos económicos terminaron en sus bolsillos.
Los diputados investigados pertenecen a las diferentes bancadas del parlamento hondureño.
“Hay liberales, de Libre, nacionalistas, del Pac y de los partidos pequeños”, reveló la fuente. En las investigaciones figuran diputados propietarios y suplentes.
Cabe resaltar que la cámara hondureña está conformada por 128 diputados propietarios e igual cantidad de suplentes.
En la lista figuran diputados del departamento de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida y Francisco Morazán, entre otros.
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Señalamientos
Este lunes, la Maccih y la Ufecic dejaron al descubierto una presunta red de corrupción en la que se vieron envueltos cinco diputados, entre ellos el vicepresidente del Congreso Augusto Cruz Asensio, del partido Va Movimiento Solidario (Vamos).
Asimismo, Eleázar Juárez del Partido Libertad y Refundación (Libre), Dennys Sánchez del Partido Liberal, Audelia Rodríguez y Héctor Padilla de Vamos, estos últimos tres salieron electos bajo la bandera de Libre, sin embargo, esta institución política los expulsó de sus filas por no seguir los parámetros establecidos por su bancada cuando se eligió la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las investigaciones revelan que estos parlamentarios mediante la Asociación Nacional de Productores de Barrios y Colonias de Honduras (Anpibch) recibieron cheques provenientes de las arcas del Estado; específicamente de la Secretaría de Finanzas y del mismo Congreso Nacional.
Los señalados solicitaban al Poder Ejecutivo, a través del llamado Fondo Departamental, una especie de subsidios para ayudar a las comunidades. Los recursos eran enviados a las cuentas bancarias de Anpibch y los directivos de esta se encargaban de trasladárselos a las cuentas personales de los parlamentarios.
En total fueron 8,300,000 lempiras los que se trasladó a la ONG. Aquí se incluyen fondos del Congreso Nacional.
Esta línea continúa en investigación y no se descarta que incluya a otros parlamentarios del actual del Congreso.
Supuestamente, “la red se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para su uso personal”, informó el MP.
Anteriormente, el Congreso estaba facultado para entregar subsidios a los diputados, pero con la eliminación del fondo departamental en el 2013, el Poder Ejecutivo es el ente encargado de entregar estos recursos a los diputados.
La estructura de la red de diputados incluyó la participación de personeros de Anpibch. Se trata de Jeremías Castro Andrade, tesorero; José Napoleón Panchamé, director ejecutivo; y Geovanny Castellanos, gestor de las operaciones.
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Capturas
Pese a que desde el lunes en horas de la mañana el requerimiento fiscal ingresó al Poder Judicial, hasta ahora ninguno de los cinco se había presentado voluntariamente ante la justicia.
En manos de la magistrada Alma Consuelo Guzmán se encuentra un legajo de documentos que contiene la estrategia utilizada por los cinco diputados para apropiarse de fondos públicos.
EL HERALDO conoció que la CSJ está haciendo los actos preparatorios para comenzar a evacuar este proceso judicial.
Hasta el cierre de esta edición impresa, la jueza del caso no había emitido ninguna orden de aprehensión en contra de los parlamentarios, quienes serán juzgados por un juez natural debido a su condición de altos dignatarios del Estado.
A los diputados se les presume responsables del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado de Honduras.
De acuerdo con la legislación hondureña, el funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión de dos a cinco años si el valor de aquellos no excede de un mil lempiras.
Y de seis a 12 años si sobre pasa de dicha cantidad, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.
Esta medida es aplicable también a los directivos de sindicatos, empresas asociativas campesinas, cooperativas, patronatos, asociaciones de beneficencia y deportivas, entre otras.
Pero si los implicados se someten a un procedimiento abreviado, podrían quedar en libertad, para que esto suceda, ellos deberían aceptar su culpabilidad de los señalamientos.
Sobre el procedimiento abreviado, el Código Procesal Penal establece que el juez dictará sentencia imponiendo las penas que correspondan, rebajadas en un cuarto.
Es decir que podrían ser condenados a un año cinco meses de prisión lo que permite que los requeridos salgan en libertad.
Aunque tampoco se descarta que el Ministerio Público, tiene la facultades de ampliar el requerimiento fiscal por el delito de asociación ilícita, debido a que ellos se confabularon con la finalidad de apropiarse de fondos públicos, explicaron expertos en leyes a EL HERALDO.
