Tegucigalpa, Honduras
Suspenderlos de sus cargos fue una de las medidas dictadas por la jueza Alma Consuelo Guzmán en contra de cinco diputados del actual Congreso Nacional (CN) vinculados en el escándalo del “subsidiazo”.
Los parlamentarios son acusados por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), del delito de malversación de caudales públicos.
Se trata de los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio del partido Va Movimiento Solidario (Vamos); Dennys Sánchez del Partido Liberal, y Eleázar Juárez de Libertad y Refundación (Libre).
La suspensión del cargo está contemplada en el artículo 173 numeral 12 del Código Procesal Penal, que indica que se hará la suspensión cuando se le atribuya un delito contra la administración pública.
Además, se les impusieron otras cinco medidas distintas a la prisión preventiva; la prohibición de salir del país, firmar el libro de asistencias una vez por semana.
Asimismo, se les impuso la prohibición de cambiar de domicilio, así como la prohibición de comunicarse con los titulares y empleados de los tres poderes del Estado, entre otras.
Esto significa que los cinco parlamentarios podrán defenderse en libertad y presentarse el 11 de enero de 2018 a la audiencia inicial. El Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva contra los cinco imputados.
Las mismas medidas fueron impuestas a los señores José Napoleón Panchamé Banegas, Jeremías Castro y Geovanny Castellanos Deras, directivos de la Organización No Gubernamental (ONG) Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH).
Imputaciones
De acuerdo a las investigaciones de los fiscales de la Ufecic y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), los diputados recibieron más de 8.3 millones de lempiras de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Presuntamente, estos recursos estaban destinados para ser invertidos en proyectos sociales, sin embargo, la Fiscalía en su requerimiento fiscal aduce que el dinero terminó en los bolsillos de los parlamentarios y los personeros de la ONG.
Reacciones
Tras la audiencia de declaración de imputados, los parlamentarios manifestaron que van a presentar las pruebas para desestimar cada una de las acusaciones.
“Presentamos la documentación necesaria y nosotros hemos empezado a defender esos extremos, de forma tal que nosotros en los próximos días pretendemos demostrar a la ciudadanía realmente que los extremos que se han aseverado no son correctos”, indicó el vicepresidente del Congreso Nacional, Augusto Cruz Asensio.
Mientras, que el diputado Eleázar Juárez dijo que “hemos demostrado ante los tribunales que ese dinero se ha liquidado normalmente, ese dinero viene del Estado para obras sociales, y testigo de esto es cada lugar que yo ando fumigando en el departamento de Valle”.
Por su lado, Dennys Sánchez señaló que “debe de legislarse porque no es posible que agarren a las personas y los metan al ‘mamo’ (cárcel), y después de todo el escarnio que se hace no hay quien repare el daño que se ha hecho”.
Suspenderlos de sus cargos fue una de las medidas dictadas por la jueza Alma Consuelo Guzmán en contra de cinco diputados del actual Congreso Nacional (CN) vinculados en el escándalo del “subsidiazo”.
Los parlamentarios son acusados por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), del delito de malversación de caudales públicos.
Se trata de los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio del partido Va Movimiento Solidario (Vamos); Dennys Sánchez del Partido Liberal, y Eleázar Juárez de Libertad y Refundación (Libre).
La suspensión del cargo está contemplada en el artículo 173 numeral 12 del Código Procesal Penal, que indica que se hará la suspensión cuando se le atribuya un delito contra la administración pública.
Además, se les impusieron otras cinco medidas distintas a la prisión preventiva; la prohibición de salir del país, firmar el libro de asistencias una vez por semana.
Asimismo, se les impuso la prohibición de cambiar de domicilio, así como la prohibición de comunicarse con los titulares y empleados de los tres poderes del Estado, entre otras.
Esto significa que los cinco parlamentarios podrán defenderse en libertad y presentarse el 11 de enero de 2018 a la audiencia inicial. El Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva contra los cinco imputados.
Las mismas medidas fueron impuestas a los señores José Napoleón Panchamé Banegas, Jeremías Castro y Geovanny Castellanos Deras, directivos de la Organización No Gubernamental (ONG) Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH).
Imputaciones
De acuerdo a las investigaciones de los fiscales de la Ufecic y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), los diputados recibieron más de 8.3 millones de lempiras de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Presuntamente, estos recursos estaban destinados para ser invertidos en proyectos sociales, sin embargo, la Fiscalía en su requerimiento fiscal aduce que el dinero terminó en los bolsillos de los parlamentarios y los personeros de la ONG.
Reacciones
Tras la audiencia de declaración de imputados, los parlamentarios manifestaron que van a presentar las pruebas para desestimar cada una de las acusaciones.
“Presentamos la documentación necesaria y nosotros hemos empezado a defender esos extremos, de forma tal que nosotros en los próximos días pretendemos demostrar a la ciudadanía realmente que los extremos que se han aseverado no son correctos”, indicó el vicepresidente del Congreso Nacional, Augusto Cruz Asensio.
Mientras, que el diputado Eleázar Juárez dijo que “hemos demostrado ante los tribunales que ese dinero se ha liquidado normalmente, ese dinero viene del Estado para obras sociales, y testigo de esto es cada lugar que yo ando fumigando en el departamento de Valle”.
Por su lado, Dennys Sánchez señaló que “debe de legislarse porque no es posible que agarren a las personas y los metan al ‘mamo’ (cárcel), y después de todo el escarnio que se hace no hay quien repare el daño que se ha hecho”.
