Tegucigalpa, Honduras
Tomando en cuenta un posible daño patrimonial al Estado y por detectarse hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos, la Inspectoría de Tribunales ordenó enviar al Ministerio Público y a la Misión de Apoyo contra la Impunidad en Honduras (Maccih) copia de los hallazgos encontrados en la demanda contra la Universidad Nacional de Agricultura contenida en el expediente judicial número 196-CPC-2013.
En su informe, la Inspectoría de Tribunales, encontró que “un alto funcionario de la Universidad Nacional de Agricultura firmó en su condición de rector un acuerdo extrajudicial en fecha 14 de abril del año 2013 (del cual él era uno de los beneficiarios), acuerdo que él como rector incumplió, por lo que se demandó a la Universidad Nacional de Agricultura, demanda en la que aparece el referido alto funcionario como demandante, siendo al mismo tiempo demandado; en su carácter de rector de la Universidad Nacional de Agricultura”.
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Un segundo alto funcionario de la UNA, “certificó en su condición de secretario general de la universidad un acuerdo extrajudicial en fecha 14 de abril del año 2013 (del cual él era uno de los beneficiarios), acuerdo que se incumplió, por lo que se demandó a la Universidad Nacional de Agricultura, demanda en la que aparece el referido alto funcionario como demandante, siendo al mismo tiempo demandado; de hecho compareció a cuatro audiencias de fechas 20 septiembre del año 2013, 25 de mayo del 2015, 4 y 11 de diciembre del 2015 como rector y representante legal de la Universidad Nacional de Agricultura (firmando como tal), siendo igualmente demandante y demandado”.
Este alto funcionario también firmó un nuevo acuerdo extrajudicial conciliatorio el 10 de diciembre de 2015 como rector y representante legal de la Universidad Nacional de Agricultura, “siendo al mismo tiempo nuevamente beneficiario del mismo”.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Finanzas y la Universidad Nacional de Agricultura fueron partícipes en la aprobación de que se efectuaran pagos a docentes de la UNA, basados en el arancel de los profesionales de ciencias agrícolas; aun existiendo dos sentencias de inconstitucionalidad que expulsaron del ordenamiento jurídico el artículo 1 que le daba rango de ley. Las autoridades de estas instituciones desconocieron la aplicabilidad de sentencia de inconstitucionalidad.
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Teniendo en cuenta un posible daño patrimonial al Estado de Honduras, porque los distintos representantes legales de la Universidad Nacional de Agricultura (incluyendo los actuales), ya han efectuado varios pagos que ascienden a docenas de millones de lempiras; se recomienda a los entes correspondientes determinar la licitud de dichos desembolsos; para que el Estado pueda ejercer un eventual derecho de repetición contra los responsables.
En virtud de que se encontraron indicios de hechos que pudiesen ser constitutivos de irregularidades, faltas administrativas o posibles delitos, y acatando el Reglamento de la Inspectoría General de Tribunales se sugiere remitir el informe a la Procuraduría General, al Tribunal Superior de Cuentas y a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y a la Maccih.
Asimismo, a la Dirección de Administración de Personal de Poder Judicial para continuar con el trámite para los efectos legales correspondientes en contra de la juez Martínez Amador, dice el documento.
