Tegucigalpa, Honduras
¿Que establece el convenio suscrito entre el gobierno de Honduras y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) respecto a controversias entre las partes?
El acuerdo, firmado por el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en enero de 2016, contempla el camino a seguir en caso de diferencias entre la Misión y las instituciones del Estado hondureño.
Las autoridades de la Maccih, actualmente, se encuentran enfrentadas con los miembros del Congreso Nacional (CN), debido a una reforma aprobada a la Ley de Presupuesto de la República que, afirman, impide al Ministerio Público (MP) investigar a funcionarios involucrados en actos de corrupción, sin antes haber sido auditados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En primera instancia, en el artículo 7, numeral 5, del convenio de creación de la Maccih, establece que si la Misión “encuentra obstáculo, este se deberá resolver inicialmente a nivel de la persona encargada del departamento o unidad de la institución”.
De no haber resultado, se debe acudir, en segunda instancia, ante la autoridad superior de la institución y, si tampoco hay resultado, el convenio establece que la Misión debe acudir ante el enlace con el gobierno, cargo que actualmente recae en la exmagistrada Lidia Estela Cardona.
El convenio también establece en el artículo 15 numeral 1 que “toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente convenio deberá resolverse mediante negociación directa entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”.
El pasado lunes, en una carta a Almagro, el presidente Hernández pidió aplicar los mecanismos del convenio de la Maccih en la controversia surgida con el CN ante la reforma a la Ley de Presupuesto, que varios sectores del país demandan su derogación
Almagro respondió a la carta afirmando que las objeciones deben ser dirimidas al amparo de lo establecido en los instrumentos jurídicos firmados, al tiempo que anunció el envío de un responsable político para abordar el tema.
“La carta del Presidente (enviada a la OEA) fue clara y lo que percibe es que haya una armonía y que de ninguna manera se vea entorpecido el proceso en el combate a la corrupción”, dijo a EL HERALDO la enlace entre el gobierno de la Maccih.
Cardona sostuvo que al regresar el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, se deberán reanudar las pláticas “de manera armónica para clarificar los temas y que todo marche como ha venido siendo”.
La exmagistrada recordó que la carta de la OEA establece expresamente “que la OEA va a colaborar con todos los países miembros y que debe respetar la normativa nacional”.
Enfatizó que el gobierno se enmarcará en el texto del convenio y “esperamos que este mal entendido se pueda solucionar para no entorpecer la marcha expedita contra la corrupción, y tendríamos que ver puntos que se tocarían en su consenso de ambas partes”.
+OEA nombra a Álvaro Colom representante para dirigir mesa de trabajo con gobierno de Honduras
Envío de cartas
Para el experto en relaciones internacionales y excanciller de la República, Guillermo Pérez Cadalso, la interacción de cartas entre el presidente Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, representó un punto de partida favorable.
“La carta del presidente Hernández va más allá, precisa y señala la relación con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih)”, dijo.
“Plantea además que cualquier diferencia que pueda surgir entre la Maccih y el gobierno debe resolverse conforme al convenio constitutivo entre la Secretaría General y el gobierno de Honduras para el establecimiento de esa entidad en el país”, afirmó.
“Otra buena nueva es que el secretario general de la OEA está contestando en voz afirmativa a todo lo que el Presidente le ha expresado en su misiva”, destacó.
Comunicación
Por su parte, el analista Raúl Pineda recordó que hay una cláusula en el tratado que establece que debe haber “comunicación y colaboración permanente entre el gobierno y la Misión”.
Dentro de ese esquema la Misión, en caso de no tener esa colaboración, puede por iniciativa unilateral retirarse, indicó.
Respecto a los señalamientos de injerencia de la Maccih, explicó que el convenio entre las partes “también le permite hacer observaciones y comentarios relacionados con la capacidad o incapacidad de ellos para desarrollar su trabajo”.
| Rápida respuesta
Leonidas Rosa Bautista, embajador permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), comentó que es admirable la rapidez con la que el presidente Hernández ataca los problemas de país.
Y es que ante la solicitud de Hernández para que se restablezcan las mesas de diálogo y que las controversias surgidas se resuelvan con base al convenio con la OEA, el secretario general Luis Almagro respondió de manera satisfactoria. |
Para Pineda, el hecho que “habiendo ya un proceso judicial en curso al cual se le pone fin por medio de un decreto del Congreso Nacional, que se aplica de manera favorable a los investigados, impide que la Maccih pueda desarrollar sus otras actividades relacionadas con la investigación”.
Lea además: CNA pide derogar reformas a la Ley de Presupuesto
Pineda argumentó que la Misión tiene una amplia facultad de acompañamiento y colaboración, y eso le permite hacer los comentarios que considere permanentes.
“Lo que no tienen ellos es facultades para vetar o limitar los actos que desarrolle el gobierno, tanto en el legislativo como en el orden administrativo y de aplicación de justicia”, advirtió.
Reiteró, además, que la Maccih puede operar y decir lo que consideren porque el derecho a la libre expresión no tiene que estar contemplado en el tratado y que “la dimensión de lo que hizo el Congreso Nacional amerita una reconciliación, pues generando impunidad no se va a combatir la corrupción”.
Sectores hondureños coinciden que las mesas de diálogo planteadas por el presidente Hernández y ratificadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, serán el punto de partida para establecer una nueva ruta que colabore al combate contra la corrupción en Honduras.
 |
