Tegucigalpa, Honduras
El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, mencionó este sábado que en ningún momento se busca regular las redes sociales, sino el contenido que incite a actos de odio y discriminación a través del proyecto de decreto que fue presentado en la Cámara Legislativa.
“No se ha pedido que se regule redes sociales, que se regule el odio en redes, que es muy diferente”, afirmó.
El también diputado del Partido Nacional agregó que “hay que analizarlo, consensuarlo, esto no ha sido aprobado”.
La iniciativa introducida por el congresista Marcos Paz Sabillón en ningún momento pretende atentar contra la libertad de expresión, apuntó.
En la segunda sesión ordinaria del nuevo CN se presentó el proyecto de decreto denominado Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, por el novel legislador del partido de la estrella solitaria.
La iniciativa ha causado revuelo y se le ha atribuido tintes políticos de parte de la oposición. Paz argumentó durante la exposición de este proyecto que “lo que andamos buscando es el respeto a la persona humana, el respeto a una institución, a una persona jurídica. Sabemos y entendemos que se trata de un tema muy complicado, pero al mismo tiempo sabemos que el Internet y las redes sociales prácticamente son el pan de cada día de los hondureños”.
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, alertó que esta iniciativa se pueda convertir en un bozal o limitación a la libertad de expresión.
“Condenamos los abusos en las redes sociales, pero que eso no signifique coartar la libertad de expresión”, subrayó en su cuenta de Twitter.
El comunicador social aseguró que estos medios de difusión del pensamiento contemplan ciertas limitaciones cuando afectan el honor, la intimidad personal y familiar, incluyendo la seguridad nacional.
De su lado, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Karla Cueva, expresó que “es importante cuando se hagan todos esos ejercicios de pensamiento y análisis ir viendo la posibilidad de que todo se vaya enmarcando en los compromisos que ya el país ha asumido, sobre todo los estándares internacionales”.
El proyecto de decreto será objeto de debate en el Congreso y “se debe de llegar a las mejores conclusiones en consonancia con los compromisos en materia de derechos humanos”, sugirió.
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