Tegucigalpa, Honduras
La comisión nacional de ciberseguridad promovida en el proyecto de la ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet será una entidad autónoma, tendrá un presupuesto y estará conformada por una veintena de instituciones.
Así lo precisó a EL HERALDO el presidente de la comisión de dictamen de esta iniciativa, Gerardo Martínez, quien mencionó que “para formarla y constituirla si van a estar involucrados la Fiscalía del Ministerio Público, Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad, Defensa”.
Además, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y otras entidades le brindarán su respaldo.
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En el dictamen que se está elaborando se determinó incluir la creación de un consejo de veedores que estará constituido por múltiples entes como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Consejo de Universidades, Colegio de Abogados de Honduras (CAH), entre otros organismos de la sociedad civil.
“Ya tenemos el esquema de la comisión nacional de ciberseguridad, incluso un organigrama, pero esto se definirá cuando se elabore el reglamento”, adelantó el diputado del Partido Nacional.
La entidad recibirá las denuncias y quejas tanto de personas naturales como jurídicas afectadas por campañas de odio, discriminación, clonación de páginas, suplantación de identidad.
Las acusaciones por fraude financiero por internet, pornografía y cualquier delito que esté tipificado en el nuevo Código Penal también las recibirá esta comisión que no actuará de oficio, sino solo por denuncia.
Desde el lunes anterior se inició la socialización de este proyecto de decreto introducido a la cámara legislativa por el congresista, Marcos Paz, con representantes de la prensa nacional.
Los miembros de la comisión de dictamen continuaron ayer explicando los alcances de la iniciativa a delegados de la empresa privada, sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales (ONG). Mientras que hoy se socializará esta legislación con delegados de las iglesias, precisó el vicepresidente del CN, Antonio Rivera Callejas, previo a la discusión y posterior aprobación del dictamen.
Aunque los diputados de las fuerzas de oposición no apoyan este proyecto de decreto, tan solo requiere de mayoría simple -es decir 65 votos- para que su articulado sea aprobado en el hemiciclo. El PN, que tiene la bancada mayoritaria en el Legislativo, cuyos 61 legisladores respaldarían de forma unánime, solo necesitaría cuatro votos más para lograr su admisión en tercer y último debate.
Cambios
Martínez informó a EL HERALDO que el dictamen que ha sido elaborado cambió el contenido del proyecto original, por lo que el diputado proyectista tendría que adherirse y retirar su iniciativa presentada en la sesión ordinaria del pasado jueves por las modificaciones que ha sufrido.
En un inicio se estableció que el reglamento de esta ley conocida como “antiodio” se elaboraría por Conatel en un plazo de 60 días, luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta, sin embargo, ahora este conjunto de reglas se haría en un término de seis meses.
“Esto es algo serio, va a haber responsabilidades por el denunciante, se tiene que trabajar en el reglamento, hay que buscar las instalaciones, incluso firmar pactos porque internacionalmente vamos a perseguir el delito”, detalló el también secretario alterno del Congreso.
Aseguró que todos los perfiles falsos creados en facebook, los cuales han afectado a medios de comunicación, al igual que diversas figuras públicas, serán pronto eliminados, llegándose hasta el origen de este problema.
“Nosotros no vamos a regularle a nadie lo que va a poner en sus redes sociales, ahí va a ser responsabilidad individual de cada quien lo que publiquen; no hay ley mordaza, tampoco estamos coartando garantías constitucionales a nadie”, enfatizó Martínez. Reiteró que en ningún momento se regularán las redes sociales con esta ley, sino que será aquellos contenidos o información que constituyan actos de discriminación, odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia.
“A quien se va a castigar es al usuario y si dentro de la investigación surge alguna complicidad con los operadores, lógicamente tiene que tener su responsabilidad administrativa y eso va a ir estipulado en el reglamento”, destacó el titular de la comisión dictaminadora.
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