Tegucigalpa, Honduras
Los cuerpos de seguridad e investigación del Estado trabajan en una minuciosa búsqueda del tercer implicado prófugo en el caso de “La caja chica de la dama”.
Se trata de Saúl Fernando Escobar Puerto, quien fungió como secretario privado de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y fue pieza clave en la red, que de acuerdo al Ministerio Público (MP), saqueó los fondos del Estado.
Escobar Puerto tenía pleno conocimiento de la ilegalidad en que incurría la ex primera dama al sustraer fondos públicos mediante contratos falsos.
El exsecretario privado, quien también fungió como titular del desaparecido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), “participó en actividades ilícitas que favorecieron el lavado de activos”, revela el requerimiento fiscal emitido la semana anterior.
El requerimiento establece que Escobar Puerto radica en la colonia Centroamérica Este de Comayagüela, hasta donde llegaron los agentes de la Policía Militar del Orden Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), para darle captura, pero él no se encontraba en su vivienda.
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Equipos especializados de la Policía Militar, ATIC y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic), le siguen la pista, ya que, según indica la acusación, es pieza clave en todo el proceso judicial.
De ser capturado, el exfuncionario deberá responder por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Escobar fue un hombre que gozó de toda la confianza de la ex primera dama y según el requerimiento era el encargado de firmar los contratos de zapatos y demás documentos relacionados a fin de justificar las erogaciones de dinero.
El requerimiento establece que “fungió como coordinador de los programas sociales de zapatos y útiles escolares, programas sociales donde el acusado en su condición de secretario privado de la imputada Rosa Elena Bonilla de Lobo firmaba los contratos simulados dentro del programa de las Unidades de Desarrollo Comunitario (Odeco)”.
Las personas que recibían los cheques, señala el requerimiento, los convertían en dinero y luego lo retornaban a la red a cambio de módicas cantidades de dinero.
Con órdenes de Rosa Elena Bonilla, Escobar Puerto hacía firmar cheques y documentos a terceros, simulando que estas personas eran proveedores o contratistas que vendían productos al Despacho de la Primera Dama.
Muchos de estos supuestos proveedores ahora son testigos protegidos del Ministerio Público en este proceso judicial.
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El exsecretario privado de Bonilla fue uno de los funcionarios públicos que se interesó y participó haciendo uso de su cargo para facilitar la conducta reprochable, volviéndose pieza clave que facilitó la transferencia de dinero con el fin de ocultar el origen ilícito sustraído del erario.
“No queda duda que Saúl Fernando Escobar Puerto tenía el conocimiento de la ilicitud de sus actos y la voluntad de ejecutarlos”, establece el requerimiento fiscal en su contra.
La misma acusación advierte del peligro de fuga de este presunto implicado, considerando que es señalado de haber cometido graves delitos en contra de las arcas del Estado.
Escobar fue considerado la mano derecha de Rosa Elena Bonilla durante el período gubernamental 2010-2014, acompañándola a todos los rincones del país.
Además, fue el encargado de manejar los programas Calzando y Uniformando a los Niños de Honduras, y tenía el aval de la ex primera dama de manejar al menos 20 millones de lempiras de estos programas.
Sobre el manejo de los recursos de estos programas existe una investigación abierta en el Ministerio Público, lo que complicaría más la situación legal de Escobar.
Este informe evidencia indicios de responsabilidad penal en la compra de zapatos para niños a un monto de 7.7 millones de lempiras, correspondientes a 42,100 pares de zapatos. Estos fueron aportados por el Programa de Asignación Familiar (Praf) a solicitud del Despacho de la Primera Dama, del gobierno de Porfirio Lobo.
