El Partido Alianza Patriótica Hondureña (APH), que coordina el ex presidenciable Romeo Vásquez Velásquez, presentará una iniciativa de Ley al Congreso Nacional orientada a reformar la Ordenanza Sobre la Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y el reglamento de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Esto fue confirmado por Vásquez Velásquez, quien argumentó que con esta normativa se cometen abusos contra personas que todavía no han sido vencidas en juicio.
Se espera que los parlamentarios de la APH presenten la iniciativa de reforma al Legislativo esta semana, la cual, según el ex presidenciable, va orientada a que los bienes solamente sean incautados a personas acusadas por narcotráfico y no a los encausados por otros delitos, aunque sean señalados por malversar fondos del Estado que no han sido juzgados por un juez competente.
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En consecuencia, sí la reforma a la Ley, tal y como lo establece la Alianza Patriótica Hondureña, es aprobada, la retroactividad de la misma podría favorecer a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, y el ex oficial Jorge Alberto Barralaga Hernández, señalado de ser el cerebro de la red de lavado que operó con el crimen organizado y entre otras personas vinculadas en actos de corrupción.
En su cuenta de twitter, el director de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del CNA, Odir Fernández, había advertido de la iniciativa.
“… Como ya se comenzó a sentir, que la Ley de Privación de Dominio, les está afectando a muchos políticos. Se rumora la revisión de la misma, en el Congreso. ¿Por qué mejor no se pronuncian, sobre el proyecto que promueve la derogación de la reforma a la Ley del Presupuesto?”, escribió Fernández.
Por su parte, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, aclaró que su partido no quiere beneficiar a corruptos.
“Está habiendo abuso de autoridad, porque están confiscando los bienes de las personas y lo están subastando y dejan a la gente en la calle sin antes haber existido un proceso, donde le juez haya determinado si es culpable o no”, puntualizó.
La Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito establece en su artículo dos numeral uno, que el aseguramiento y confiscación del bien se realiza a personas señaladas por algún delito relacionado al lavado de activos.
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