Tegucigalpa, Honduras
Autoridades del Congreso Nacional (CN) precisaron el miércoles que el decreto 30-2018 sobre la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito y su veto presidencial serán remitidos este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que sean sometidos a su respectivo análisis.
De acuerdo al procedimiento parlamentario o constitucional, lo que procede cuando un veto se hace porque la nueva normativa tiene vicios de inconstitucionalidad, como ocurrió en este caso, es enviarlo al Poder Judicial, en este caso específico a la Sala de lo Constitucional, para que ahí en uso de sus atribuciones se pronuncie para tal efecto, explicó Mauricio Oliva presidente del CN.
La decisión del máximo órgano jurisdiccional del país podría ser en dos vías: una que le dé la razón al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, o por lo contrario al CN y siempre retornaría el veto presidencial al Poder Legislativo, para que se generen los consensos y se apruebe con mayoría calificada para que queden ratificadas las reformas, indicó.
El Congreso Nacional enviará de enlaces al diputado Mario Pérez, que fungió como titular de la comisión de dictamen de las enmiendas a la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, y se pedirá se escuche a Denis Castro Bobadilla, congresista que fue el proyectista de las enmiendas.
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Reforma
“El Ejecutivo le estaba pidiendo a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal que revisara la ley actual, no la reforma, para determinar si existen excesos o no, eso me da la visión que de ahí va a nacer alguna reforma a la ley por los abusos que se han cometido al momento de aplicarla”, apuntó a EL HERALDO el secretario del Congreso, Tomás Zambrano.
Aseguró que el veto presidencial no se sometería a ratificación en la cámara legislativa porque se esperará la opinión de la CSJ y la nueva propuesta que pueda surgir del organismo colegiado de carácter permanente.
“Si no llegamos a los 86 votos (a favor) quedaría como desechado el decreto y ya no podríamos conocer sobre aspectos similares o sobre el mismo durante esta legislatura”, mencionó el también diputado del Partido Nacional.
En la sesión ordinaria del miércoles se procedió a darle lectura a la nota de remisión del veto presidencial, al decreto 30-2018, en la correspondencia proveniente del Poder Ejecutivo.
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De acuerdo al artículo 216 de la Constitución de la República, si el veto se fundamentare en que el proyecto de ley es inconstitucional, ya sea de forma o contenido, no podrá someterse a una nueva deliberación sin oír previamente a la Corte.
“En virtud de este mandato constitucional y por instrucciones del presidente -Oliva-, el decreto 30-2018 y el veto respectivo se estarían remitiendo a la Corte Suprema de Justicia mañana y el plazo que se le estaría estableciendo para que pueda remitir la opinión es de 90 días”, precisó.
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Convocatoria
EL HERALDO conoció que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal será convocada la próxima semana por el presidente de la misma, Rolando Argueta, para abordar las polémicas reformas a la Ley de Privación de Dominios Definitiva de Origen Ilícito.
“La convocatoria se enviará la otra semana, pero aún no se precisa la fecha ya que hay que revisar la agenda de los miembros de la Comisión”, informó a EL HERALDO Melvin Duarte, director de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CJS).
En el veto presidencial a las reformas a la Ley de Privación, el Poder Ejecutivo propuso que en el seno de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal se analice la armonización de la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Asimismo, el presidente Juan Orlando Hernández recomendó que se escuche a los diversos sectores de la sociedad civil, especialmente aquellos vinculados con la justicia.
El veto presidencial fue emitido por el presidente de la República Juan Orlando Hernádez la noche del martes, ese mismo día fue enviado al Congreso Nacional.
La Comisión está conformada por ocho entidades: el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público.
Igualmente, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, el Congreso Nacional de la República y la Dirección General de la Defensa Pública.
Respaldo
El veto del presidente Hernández a las reformas de la Ley de Privación de Dominio fue aplaudido por el gobierno de Estados Unidos y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“El paso correcto. La lucha contra la corrupción debe continuar”, dijo Heide Fulton, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Por su parte el CNA emitió un pronunciamiento en el que calificó el veto “como congruente en el combate a la corrupción”.
Según el Ejecutivo, la ley es clave para desmantelar los emporios económicos mal habidos de grupos del crimen organizado.
