Tegucigalpa, Honduras
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró el miércoles que el veto presidencial al decreto legislativo 30-2018 se resolverá en el marco de la Constitución de la República.
“Lo importante es que todos hemos actuado en el marco de la Constitución y esto también se va a resolver en el marco de la Constitución”, manifestó.
La máxima autoridad del Poder Legislativo agregó que “un sector importante de la población siente que es necesario revisarla (Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito), incluso algunos argumentan que quizás lo que faltó fue un poco de socialización”.
Aunque por motivos de duelo familiar se ausentó de la sesión ordinaria del pasado 20 de marzo, cuando se aprobaron las enmiendas a 18 artículos de esta normativa, admitió que su voto hubiera sido a favor.
“Nos llama la atención que en el veto el presidente reconoce de que hay algunas lagunas que permiten que existan algunos excesos en la aplicación de la ley y recomienda una revisión de la misma por la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal”, sostuvo Oliva en HCH.
Además, enfatizó que quedó evidenciada la independencia de los poderes del Estado, contradiciendo los argumentos de la oposición política sobre que Juan Orlando Hernández no solo mandaba en el Ejecutivo.
“En el Congreso hay dos opciones: o se construye el consenso de la mayoría calificada o no se construye; nadie se va a arriesgar a ir a una votación si no se tiene los 86 votos”, planteó.
El titular del CN dijo que tiene la expectativa de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tome su decisión ya sea por unanimidad o simple mayoría en cuanto a la inconstitucionalidad de estas reformas.
La legislación que se encuentra vigente desde el 2010 tiene artículos inconstitucionales, ya que “violenta de alguna medida el estado de inocencia que lo garantiza la Constitución, traslada eso de la prueba hacia el acusado, entre otras cosas”, argumentó.
Oliva no comparte que con estas reformas se pretendan favorecer a los corruptos, tal y como fue señalado por diversos sectores sociales, pero mencionó que tampoco es su intención entrar en confrontación.
Ninguna incidencia externa o presiones de organismos estatales o internacionales llevaron a Hernández a vetar estas reformas, puntualizó.
