Tegucigalpa, Honduras
El uso de las tarjetas de crédito delató a los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
En las investigaciones del Ministerio Público (MP) se determinó que los exconcejales realizaron compras en tiendas de Honduras cuando se suponía que andaban en giras internacionales con recursos del Poder Judicial.
Así lo informó a EL HERALDO una fuente ligada al proceso de investigación del Ministerio Público.
Los investigadores comprobaron que en 576 ocasiones los exmiembros de la entidad jurídica no viajaron y no devolvieron el dinero de los viáticos que les asignaban.
La investigación la realizó la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Entre los hallazgos está que en 2015 se programaron viajes durante 322 días de 365 que tiene el año, es decir, todo el año realizaron presuntas giras.
Se identificó que calendarizaron viajes incluso en días feriados, períodos de vacaciones y hasta fines de semana.
Los exconcejales son acusados por más de 600 delitos de corrupción. La investigación comprende el período del 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
El lunes, la Fiscalía emitió un requerimiento fiscal en contra de los imputados por corrupción. EL HERALDO conoció que el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción admitió este martes el requerimiento fiscal.
Este será el tercer caso que lleve el circuito anticorrupción.
El primer caso que ingresó fue el del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y el segundo el de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
Las pesquisas señalan que los exconcejales desviaron 13.5 millones de lempiras en materia de viáticos que les asignaron para giras nacionales e internacionales.
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Delitos
Los acusados son el expresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Jorge Rivera Avilés, quién era presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A Avilés se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 delitos por malversación de caudales públicos. Al exvicepresidente de la extinta entidad, Teodoro Bonilla, se le acusa por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad.
Asimismo el exconcejal propietario, Julio Barahona, es acusado por 67 delitos de malversación de caudales públicos. A Josué Francisco Quiróz, también miembro propietario, se le investiga por 93 delitos de malversación de caudales públicos.
En cuanto a los exconcejales suplentes del órgano, a Liliam Maldonado se le imputan 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera por 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
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Audiencia
La Fiscalía está a la espera de que el juez que conozca la causa fije la audiencia de declaración de imputado para los exconcejales, donde se les podría dictar una detención judicial. Se estima que en el transcurso de está semana se fije la fecha de la audiencia.
El 17 de febrero de 2016, el actual presidente de la CSJ, Rolando Argueta, conformó la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones en Administración de Personal del Poder Judicial donde se elaboraron tres informes que reflejaron múltiples irregularidades como el pagos excesivos de horas extras, nombramientos de personal irregulares, entre otros.
