Tegucigalpa, Honduras
Casas, terrenos y dinero en efectivo pusieron como garantía hipotecaria los exconcejales del desaparecido Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ante los Juzgados en Materia de Corrupción tras ser acusados de desviar 13.5 millones de lempiras.
En este caso, los imputados son el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, quien puso una garantía de un millón de lempiras en efectivo, según explicó su defensa legal.
Por su parte, la exconcejal Liliam Maldonado puso como garantía bancaria su vivienda, la cual aseguró a la prensa está valorada en un poco más de un millón de lempiras.
El exfuncionario judicial Francisco Quiroz puso como garantía hipotecaria dos terrenos ubicados en el departamento de Yoro, que según su defensa fueron una herencia de sus padres.
El exconcejal Celino Aguilera interpuso como garantía dos terrenos cuyo valor asciende a 1.2 millones de lempiras y Julio Barahona puso como garantía otros bienes que no fueron especificados por la defensa.
En el caso del exvicepresidente de la Judicatura, Teodoro Bonilla, no interpuso garantía debido a que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Nacional condenado por un caso de tráfico de influencias. La garantía solo beneficiaba a cinco de los seis exconcejales con el propósito que se defendieran en libertad.
Apelación
Igualmente, los defensores legales de los exfuncionarios presentaron un recurso de apelación en relación a la denegatoria de una excepción por falta de acción que fue promovida por la defensa.
“La defensa ha solicitado una excepción por falta de acción entendiendo que el Ministerio Público no podía promover la acción porque faltaban requisitos indispensables para su interposición, como ser el antejuicio para los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones”, dijo la abogada Rosa Elena Bonilla defensora de Avilés.
De acuerdo a la defensora, Rivera ostenta actualmente el cargo de juez de Paz suplente vigente a la fecha y por lo tanto necesitaban un ante juicio para presentar el requerimiento fiscal.
En el caso los demás argumentaron que no había acción debido a que le correspondía al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ejecutar las investigaciones, a fin de agotar todas las instancias administrativas del proceso. Los exconcejales son acusados de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
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