Tegucigalpa, Honduras
Por el supuesto delito de prevaricato, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ayer ante el Ministerio Público (MP) a tres magistrados de la Corte de Apelaciones en materia de Corrupción.
Los señalados son los magistrados propietarios Edin Yobany de la O Ramos, Telma Consuelo Burgos y Karla Martínez, por la resolución emitida el pasado 24 de abril en el caso de “La caja chica de la dama”.
Mediante el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, la Corte de Apelaciones determinó revocar los delitos de asociación ilícita y malversación de caudales públicos, quedando señalada solo por el delito de fraude.
“El CNA está solicitando que se les investigue y se les judicialice la causa a los tres magistrados de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción”, demandó Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación del CNA.
En un extenso pronunciamiento, el CNA señaló que la estrategia de los magistrados es argumentar que Bonilla de Lobo fungió como primera dama de la nación y administró fondos públicos, pero su comportamiento no fue a título de funcionaria o empleada pública.
De esta manera “mi Rosa” se podría defender en libertad y dilatar el proceso.
Desacreditar
“Es evidente que la mayor estrategia de impunidad efectuada por los magistrados era desacreditar la tesis de que la hoy imputada tiene la calidad de funcionaria”, señaló el CNA.
Por esa razón nunca valoraron la certificación emitida por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), donde el MP acreditó que Bonilla de Lobo aportaba mensualmente en concepto de cotizaciones, 5,600 lempiras por devengar un sueldo de 80,000 lempiras.
Al mismo tiempo lamentó que por el hecho de haber depositado más de 16 millones de lempiras a su cuenta personal no se considere que la imputada lesionó bienes jurídicos de la administración pública, sino que cometió delitos de bagatela.
Fernández declaró que las convenciones internacionales suscritas por el país establecen que Bonilla de Lobo es funcionaria pública.
Afirmó que hay suficientes elementos para determinar responsabilidad penal para los funcionarios judiciales, dado que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, arrogándose facultades de un Tribunal de Sentencia.
