Tegucigalpa, Honduras
La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción declaró sin lugar este martes los recursos de reposición interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR) y la defensa de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla.
El recurso de la Procuraduría iba en contra de la determinación de la Corte de modificar los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos a fraude y apropiación indebida.
Mientras que la defensa alegaba que su defendida no incurre en los delitos de fraude y apropiación indebida, es decir que exigían un sobreseimiento definitivo.
Hace unas semanas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra los tres magistrados que integran la Corte de Apelaciones porque a criterio del ente la resolución está viciada.
El principal argumento de los magistrados de la Corte para dar la resolución final fue que Rosa Elena Bonilla de Lobo fungió como primera dama de la nación, y aunque administró fondos públicos, no fue funcionaria o empleada pública.
Inicialmente, la ex primera dama de Honduras era acusada por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, pero ahora la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción decidió solamente señalarla por el delito de fraude, tras la recalificación de sus cargos.
La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción declaró sin lugar este martes los recursos de reposición interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR) y la defensa de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla.
El recurso de la Procuraduría iba en contra de la determinación de la Corte de modificar los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos a fraude y apropiación indebida.
Mientras que la defensa alegaba que su defendida no incurre en los delitos de fraude y apropiación indebida, es decir que exigían un sobreseimiento definitivo.
Hace unas semanas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra los tres magistrados que integran la Corte de Apelaciones porque a criterio del ente la resolución está viciada.
El principal argumento de los magistrados de la Corte para dar la resolución final fue que Rosa Elena Bonilla de Lobo fungió como primera dama de la nación, y aunque administró fondos públicos, no fue funcionaria o empleada pública.
Inicialmente, la ex primera dama de Honduras era acusada por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, pero ahora la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción decidió solamente señalarla por el delito de fraude, tras la recalificación de sus cargos.
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