TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Informe Especial del Desplazamiento Forzado Interno en Honduras, presentado ayer por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), refleja que en 2017 hubo una reducción de personas desplazadas por el flagelo de la violencia en comparación con el 2016.
Las cifras del informe indican que el año pasado fueron interpuestas 688 denuncias de violaciones de derechos humanos, que representan la afectación directa o indirecta de 1,424 personas.
Mientras que en 2016 hubo 1,796 personas desplazadas, lo que refleja que existió una reducción de 372 casos.
El informe establece que la violencia es la principal causa que obliga a las personas a desplazarse de su lugar de residencia habitual a otro más seguro.
Esto refleja la grave situación que se presenta para una porción considerable de la población hondureña debido a vacíos en las políticas de prevención, atención y protección para las personas desplazadas internamente, indica el documento.
Aunque reconoce que el gobierno de la República, en los últimos años, ha emprendido varias acciones en materia de seguridad pública con el fin de reducir el número de muertes violentas en el país.
El informe recomienda al gobierno la instalación de los mecanismos operativos de prevención, atención y protección de las víctimas de desplazamiento forzado.
Asimismo, considerar como delito autónomo en las reformas al Código Penal los delitos por reclutamiento, uso y vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las estructuras del crimen organizado.
Principales causas
El informe concluye que las situaciones de riesgo y desplazamiento indican la prevalencia del fenómeno social causado por la violencia generalizada manifestada por las operaciones del crimen organizado; maras, pandillas, bandas criminales, narcotráfico y grupos de sicarios.
Asimismo, las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la discriminación por motivos de género, orientación sexual e identidad de género; de atentados contra la libertad de expresión, movimiento y afiliación política.
El reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte de maras y del crimen organizado también constituye una de las modalidades violatorias que generan desplazamiento forzado de personas en el país.
En 2017, el Conadeh atendió alrededor de 56 casos a nivel nacional relacionados con el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, que lo ubican como una de las causas que terminan en desplazamiento de personas.
Una de las características identificadas sobre esta vulneración de los derechos humanos de los habitantes consiste en centrarse en el uso y vinculación de niños y adolescentes en asociaciones ilícitas, indica el informe.
También hace referencia que cuando se trata de niñas y mujeres jóvenes, estas son capturadas y reclutadas generalmente con fines de abuso o explotación sexual.
A esto se le suman los conflictos sobre la tenencia de tierras derivados de proyectos a gran escala que afectan a zonas habitadas por campesinos o pueblos indígenas y afro-hondureños.
Sin embargo y, en menor medida, también incluye a personas adultas, que mediante amenazas de muerte, intimidación y hostigamiento los obligan a cumplir con sus exigencias al margen de la ley.
Zonas afectadas
De acuerdo con la Unidad de Desplazamiento Forzado del Conadeh, los municipios con mayor incidencia de situaciones de riesgo o desplazamiento forzado por motivos del reclutamiento, ya sea por el crimen organizado o por maras, son el Distrito Central y San Pedro Sula, con el 73 por ciento de los casos.
Además, en El Progreso, Choloma y Choluteca se registró el 20 por ciento mientras que en los municipios de La Ceiba, Pimienta, San Lorenzo y Santa Bárbara, en su conjunto acumularon el siete por ciento restante.
Otro informe del Consejo Noruego para Refugiados indica que más de 190 mil personas se vieron obligadas a abandonar sus casas producto de la violencia. El ente internacional alertó que hay muchos otros en riesgo de desplazamiento. Asimismo, recomendó al gobierno implementar de inmediato una ley de desplazamiento forzado que asegure la protección de los desplazados.
