TEGUCIGALPA, HONDURAS
Diversos sectores de la sociedad civil advirtieron que el Congreso Nacional (CN) pretende reformar al menos dos artículos del Código Procesal Penal.
Según trascendió el Poder Legislativo estudia reformar el artículos 181 de esa norma, que indica los delitos en que un juez podrá dictar la medida de prisión preventiva y el tiempo que durará la misma en contra de los imputados.
En ese sentido, los congresistas estarían eliminando la prisión preventiva o creando un catálogo de excepciones en las que se puede dictar esta medida.
La intención estaría encaminada a evitar que altos funcionarios y exfuncionarios del Estado, presuntamente implicados en casos de corrupción, pisen la cárcel.
Se tiene previsto que esta iniciativa se apruebe en el Congreso Nacional Móvil que se desarrolla desde el martes en la ciudad de Gracias, Lempira, según algunos sectores.
EL HERALDO consultó con varios diputados sobre el particular y estos aseguraron que no tenían conocimiento del tema.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, dijo que existe un temor en el interior de la cámara legislativa de que algunos de sus diputados vayan a prisión.
Al menos una decena de parlamentarios están siendo señalados por el Ministerio Público por delitos de corrupción.
“Lo que se habló es del temor que tienen algunos de ellos de ser privados de libertad, lo que se comentaba es que era algunas de las condiciones que habían puesto los diputados para mantener una alianza en el Congreso”, expresó Castellanos.
Advirtió que “si dan ese paso se pondría más en evidencia la desesperación y casi una autoimputación que no creo que en el mediano plazo les ayude mucho, pero que puede resolverles en el corto plazo, porque es probable que se logre ese reforma”.
De su parte, el juez de sentencia Mario Díaz dijo que cualquier tipo de reforma que se haga desde el Congreso debe ejecutarse en base a los intereses nacionales, sin pretender favorecer a algún tipo de grupo en particular que pueda estar sujeto a algún tipo de acusaciones.
“Si eso estaría ocurriendo sería una lastima porque la ciudadanía siempre desea que cualquier persona pueda ser tratada con igualdad ante la ley. Si se tratara de favorecer a un grupo en particular no es bueno porque debilita la democracia. Ningún sector debe aprovecharse de sus posiciones para tener canonjías a su favor”, manifestó Díaz.
