TEGUCIGALPA, HONDURAS
La intervención en el Registro Nacional de las Personas (RNP) es coincidente con las demandas de modernización en esa institución del Estado expresadas por la comunidad internacional que está dispuesta a financiar el proyecto de una nueva identidad, pero las autoridades hondureñas deben demostrar voluntad política para concretar los anhelos de los países cooperantes.
“Nadie va a dar nada sin tener un propósito”, confesó el diputado democristiano, Felícito Ávila, responsable de la iniciativa presentada anteayer en el Congreso Móvil, en Gracias, Lempira, en la que pide una intervención en el RNP porque la institución no ha cumplido con los fines para los cuales fue creada.
La Unión Europea (UE) ha ofrecido financiar la nueva tarjeta de identidad, según lo informó la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, quien expresó que Honduras pondrá una contraparte nacional de los aproximadamente 50 millones de dólares (1,200 millones de lempiras) que costará el proyecto. Otros países también han ofrecido apoyo técnico y financiero para impulsar las reformas electorales.
En sus informes de observación de las elecciones de 2013 y 2017, la UE recomienda “una modernización del sistema de tarjetas de identidad” de tal forma que garantice “que todas las personas tienen una sola”. Además, considera que un “registro civil modernizado y permanentemente actualizado sería una herramienta esencial no solo para propósitos electorales, sino también para el diseño e implementación de una amplia gama de políticas públicas”.
Para el diputado Ávila, el propósito del apoyo internacional va encaminado a “darnos la oportunidad de resolver el problema de la seguridad, en este caso la identificación de las personas”.
Ávila declaró que la intervención en el RNP no será permanente, pero durará el tiempo necesario para resolver la problemática interna de esta entidad. “Serán tres comisionados los que van a estar al frente y lo mejor que queremos es que sean los más calificados para entender esa necesidad de una política de seguridad”, dijo el político.
Informó que paralelo a la intervención el Congreso Nacional preparará y aprobará una nueva ley del RNP, institución creada en 1982 para llevar los registros civiles de los hondureños, labor que antes hacían las alcaldías, las cuales, a su vez, habían reemplazado en 1880 a la Iglesia Católica.
El diputado proyectista aseguró que no hay ningún interés de hacerle daño a la institución registral y mucho menos “nadie puede decir que esa propuesta que hice es un tema de proselitismo”.
“Estamos actuando ya porque no queremos que en las próximas elecciones digan que fueron tantos hondureños que van muertos a las urnas, tenemos que hacer una limpieza y todo eso lo van a plantear” en la intervención, añadió el diputado y excandidato presidencial.
Vea: Partido Nacional justifica su propuesta con debilidades del RNP
1,434empleados permanentes tiene el RNP en 310 oficinas alquiladas. |
La iniciativa presentada en la sesión del Congreso Móvil dice: “Créase una Comisión Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), integrada por tres miembros que serán electos por el Congreso Nacional. Los comisionados se desempeñarán de forma exclusiva en gestión de intervención” y en seguida añade: “La comisión deberá presentar un informe mensual de su gestión al pleno del Congreso Nacional”.
La instancia sustituirá al actual directorio y tendrá amplias facultades para investigar el tráfico de identidades y otras anomalías denunciadas en esa dependencia registral, así como adoptar medidas concernientes a su personal.
Además, deberá efectuar mecanismos de evaluación y depuración de todas las estructuras del Registro mediante la aplicación de pruebas de confianza, gestión por resultados y todas aquellas que estime conveniente.
También desarrollar una auditoría integral sobre el registro civil, y los procedimientos de modificación en la inscripción de los ciudadanos.
Directorio listo
El actual directorio del RNP lo integran el liberal Miguel Villeda Villela, en su condición de director; el nacionalista Gerardo Martínez, subdirector técnico, y el democristiano Carlos Romero, como subdirector administrativo, que vacan en sus cargos el 14 de mayo del próximo año.
Villeda Villela le dio la bienvenida a la intervención. “La recibo con cierta normalidad, nosotros como institución desde hace tiempo hemos venido pidiendo apoyo, hemos hecho muchas acciones que han puesto al descubierto en la ciudadanía, que, en virtud del crimen organizado y otras fuerzas, han intentando tomar el Registro”, dijo a Canal 11.
“Hemos hecho denuncias ante el Ministerio Público, hemos hecho sanciones administrativas, hemos implementado algunos controles”, añadió, “Vamos a esperar la decisión que tome el Congreso Nacional y cualquier apoyo o ayuda que necesiten aquí estamos con las puertas abiertas. Soy un empleado público, los cargos no son permanentes, voy a cumplir con mi trabajo hasta el día que me toquen o me digan”, adelantó.
A su modo de ver, un cambio de rostro en el RNP no se logrará solamente con una nueva tarjeta de identidad, “se necesita una reforma integral, porque los problemas del Registro Nacional de las Personas son ancestrales, desde su creación”. “Hay que modernizar la ley, los sistemas informáticos, hay que valorar los derechos de los empleados y los que no estén cumpliendo tomar decisiones sobre quiénes van a continuar y quiénes no. Esta es una oportunidad para el país”, reconoció el funcionario.
Otra persona vinculada a la institución, que pidió el anonimato, en conversación con EL HERALDO, dijo que hay que esperar si “la intervención es al actual directorio o es a la institución”. “Si es una intervención política para la distribución de cargos sería un retroceso”. “Y si el alcance de la Interventora es el proceso de identificación, lo que están haciendo es quitando la unidad ejecutora y los veedores”, advirtió.
Desde su creación hace 36 años el RNP dio señales de convertirse en una institución politizada porque los partidos tradicionales colocaron a su gente en todos los puestos.
Actualmente, los partidos se distribuyen los empleados a razón de un 40 por ciento el Partido Nacional; un 40 por ciento el Partido Liberal y el restante 20 por ciento que se lo reparten la Democracia Cristiana, el Pinu y el mismo Libre, porque muchos liberales ahora abrazan la bandera del partido de izquierda.
En la actualidad, la entidad responsable del registro civil de los hondureños cuenta con 1,434 empleados permanentes y 400 temporales distribuidos en 310 oficinas que absorben un presupuesto de 24 millones de lempiras mensuales.
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El pasivo laboral
Si la Comisión Interventora decide despolitizar la institución despidiendo a todos los empleados tendrá que conseguir 1,300 millones de lempiras para el pago de prestaciones, destacó Fernando Anduray, secretario general del RNP y secretario ejecutivo de la Comisión Política del Partido Nacional. La Secretaría de Finanzas asignó este año al ente registral alrededor de 490 millones de lempiras que se suman a los 103 millones que, en concepto de fondos propios, aporta la institución.
El dinero se va en su mayoría al pago de empleados y al alquiler de sus oficinas porque la entidad adolece de patrimonio propio.
Generalmente, a los políticos solo les ha interesado la institución cuando se acercan los procesos electorales, período durante el cual mandan a miles de personas a tramitar tarjetas de identidad y cambios de domicilio para salir favorecidos a la hora de las votaciones.
Han sido múltiples las denuncias por trámites de domicilio irregulares que en casi todos los procesos electorales el Tribunal Supremo Electoral ha tenido que anular miles.
En su informe con ocasión de las elecciones del año pasado, la UE recomienda que “podría ser adecuado establecer, por vía reglamentaria o incluso en la propia Ley Electoral, la obligación de aportar pruebas que acrediten que los cambios de domicilio solicitados por los ciudadanos son reales, como condición para que puedan ser reflejados en el censo electoral”.
Con todo este panorama, la Comisión Interventora tendrá mucho trabajo que hacer.
