Los abogados de los diputados del Partido Nacional, Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, así como del parlamentario por el Partido Liberal, Elvin Santos, decidieron presentar un escrito este lunes ante el Poder Judicial para que sus defendidos se presenten voluntariamente a declarar por el caso Pandora.
De acuerdo con los abogados, quienes se hicieron presente a la Sala II del Tribunal de Sentencia, se espera que la jueza que conoce el caso, Lidia Álvarez Sagastume, acepte el escrito y así no sea necesaria efectuar la orden de captura emitida para varios de los implicados en el sonado caso de corrupción.
Hasta el momento, unos 20 de los 37 imputados en el caso Pandora se encuentran en custodia de las autoridades, lo que significa que ya han presentado ante las autoridades correspondientes.
Los parlamentarios comenzaron a llegar a eso de las 7:00 de la mañana al Poder Judicial para rendir declaración.
Los 20 presentes en la Sala II
1-José Celín Discua Elvir
2-Rodolfo Irías Navas
3-Elden Vásquez
4-Arnaldo Urbina Soto
5-Carlos Alberto Pineda Fasquel
6-Wilson Rolando Pineda Díaz
7-Ramon Antonio Lara Bueso
8-Redin Lenín Chávez Galindo
9-Armando José Rivera
10-Hernán Seaman Elvir.
11-Arnol Gustavo Castro Hernandez
12- Franklin Erick Turuño
13-Elvin Ernesto Santos Ordóñez
14-Félix Francisco Pacheco
15-Eduardo Enrique Lanza Raudales
16-Wiliam Chong Wong (apoderada legal Doris Imelda Madrid)
17-Jose Rodolfo Sierra Morales
18-Lenín Rigoberto Rodas
19 Velkis Rosibel Hernández ( está con su recién nacido en la sala)
20- Norma Kaffy Montes
El caso Pandora obedece a una investigación realizada por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público en apoyo con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), donde se descubrió que actuales diputados, funcionarios, exservidores públicos presuntamente desviaron 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
A los implicados en este caso no solamente se les libraron órdenes de captura y alertas migratorias para evitar que salgan del país, sino que también se les asegurará e incautará algunos bienes inmuebles, los cuales pasarán a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
