Al menos 27 de los 38 implicados en el caso Pandora se presentaron este miércoles a audiencia inicial.
A eso las 6:30 de la mañana en caravana varios vehículos trasladaron a los señalados en el polémico caso Pandora hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la capital de Honduras.
En total, 28 señalados en el caso debían presentarse a la audiencia prevista para iniciar a las 8:30 de la mañana, pero Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro, no llegó, pues se encontraba en otro proceso legal, pero sí acudió su apoderado legal.
Ante esta situación, la audiencia fue pospuesta hasta las 11:00 de la mañana y se prevé que a las 2:00 de la tarde ya se conocerán detalles de los avances.
A las 12:30 de la tarde Carlos Silva, portavoz de la CSJ, indicó que el Ministerio Público está pidiendo que se les añada un delito más a cinco de los 27 señalados.
Silva detalló que el Ministerio Público pide que anexen el delito de asociación ilícita para Jacobo Regalado, Norma Kaffy, Laura Arita y dos implicados que no se encuentran en la audiencia.
Actualmente a los exfuncionarios se les acusa de abuso de autoridad.
Prisión preventiva
El lunes, la jueza Lidia Álvarez Sagastume dictó prisión preventiva para 19 de los 20 exfuncionarios y diputados que se presentaron a audiencia de declaración de imputado; a uno de los implicados le dieron arresto domiciliario.
El martes también se presentaron otros ocho de los señalados en el caso Pandora. Seis de ellos fueron enviados a prisión y dos quedaron en libertad, pero también llegaron a la audiencia inicial programada para este miércoles, donde en las conclusiones se les notificará de manera formal un sobreseimiento definitivo.
Las dos personas a las que el Ministerio Público retiró los cargos son Mario Suazo Morazán y Mario Suazo Matute, padre e hijo, ya que no encontraron sustento para acusarlos por lavado de activos.
A los 38 señalados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic) junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) se les acusa de malversar 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas.
Los implicados son investigados por abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos públicos.
Dagoberto Aspra, defensor privado, dijo que 'creemos que tenemos la capacidad sufiente para desvanecer la imputación que el Ministerio Público ha hecho en contra de ellos, al imputarles en el requerimiento fiscal el delito de lavado de activos'.
En la audiencia se determinará si los acusados se les dicta auto de formal procesamiento, sobreseimiento definitivo o recalificación del delito.
