TEGUCIGALPA, HONDURAS
La audiencia inicial para los 29 acusados que ya enfrentan la justicia en el caso Pandora se suspendió el miércoles luego de una maratónica jornada de más de 12 horas.
En el primer día del proceso judicial se evacuó gran parte de la carga probatoria, pero debido a que es abundante tuvo que ser pospuesta.
La audiencia continuará este día en los Tribunales de Sentencia del Poder Judicial y está previsto que su desarrollo siga por tres días más.
Del grupo de procesados, solo el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, no estuvo presente. La defensa legal del imputado solicitó a la jueza natural que se le permitiera no acudir a la audiencia porque él ya está recluido en un centro penitenciario en El Progreso, Yoro, por otra causa.
En este caso están involucrados el diputado liberal por Francisco Morazán, Elvin Santos, y los nacionalistas Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Elden Vásquez y Miguel Edgardo Martínez, por El Paraíso, Atlántida, Intibucá y Comayagua, respectivamente.
Pese a que el exministro de Finanzas, William Chong Wong, falleció recientemente también está incluido en el proceso judicial seguido en su contra, a él se le acusa por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Sus parientes fueron quienes solicitaron que no se extinga la causa y siga el proceso.
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) investiga en total a 38 personas por el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Esta investigación es respaldada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Esos fondos fueron canalizados a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, y se utilizaron, según la acusación, para financiar campañas políticas de candidatos de diferentes partidos para las elecciones generales de 2013.
Vea: ¿Cuáles son los posibles escenarios para implicados en el caso Pandora?
La llegada
Madrugaron, se alistaron, llegaron silenciosos y discretos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), todo para evitar ser captados en fotografía y en video por la prensa.
Sin embargo, a los 24 implicados que tienen detención judicial no todo les salió como lo planearon. Una vez que fueron trasladados del Primer y Segundo Batallón de Infantería iban a ser ingresados con estrictas medidas de seguridad para que nadie pudiera observarlos.
Sin embargo, la compuerta mecánica por donde iban a ingresar a las instalaciones del Poder Judicial, con rumbo a las salas de los tribunales, no funcionó. Por esa razón los microbuses se estacionaron a unos pocos metros de esa compuerta y los acusados tuvieron que ser bajados de los tres microbuses con vidrios polarizados y aire acondicionado en los que eran conducidos. Eso hizo que quedaran casi expuestos ante los medios de prensa, sin embargo, los cuerpos de seguridad que los conducían hicieron de todo para evitar que sus rostros quedaran expuestos.
A ellos se les permitió cubrirse el rostro con chumpas y sacos que se compartieron unos con otros. Ninguno de ellos llegó enchachado de pies o manos, tal y como ha ocurrido con otros imputados.
La audiencia inicial estaba programada para iniciar a las 8:30 de la mañana, pero a ellos los llevaron con dos horas de anticipación. Velkis Hernández, a quién le dictaron arresto domiciliario por su estado de maternidad, llegó por su cuenta a los tribunales.
De igual forma, llegaron Mario Suazo Morazán y Mario Suazo Matute, quienes quedarán exentos del proceso porque no reúnen los requisitos para que sean acusados por el delito de lavado de activos.
El martes, en la audiencia de declaración de imputado el Ministerio Público (MP) retiró los cargos contra ellos porque se presentaron con anticipación para justificar el la razón por la que recibieron dinero en un cheque de las fundaciones.
Se presume que la jueza natural les dictará un sobreseimiento definitivo a ambas personas. En la sala II del Tribunal de Sentencia de la CSJ comenzó la audiencia a las 10:30 de la mañana.
A las 12:30 del mediodía, la audiencia tuvo un receso por primera vez y se reanudó a las 2:00 de la tarde. Los fiscales llevaron en maletas y cajas pruebas nuevas en contra de los implicados, que no estaban incluidas en el requerimiento fiscal.
3 díasmás podría durar el desarrollo de la audiencia inicial del caso. |
Ampliación
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, manifestó que los fiscales del MP solicitaron a la jueza que se agregara un delito más a cinco implicados. Se trata del delito de asociación ilícita que se pidió para el exministro de la SAG, Jacobo Regalado.
Sobre el exfuncionario también pesa la acusación por los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Regalado era el titular de la SAG cuando ocurrieron los hechos, razón por la que es considerado por el MP como el cerebro de la operación.
A la exgerente de la SAG, Norma Kaffy, y la contadora de la fundación Dibattista y Todos Somos Honduras, Laura Arita, también se les sumó la acusación por asociación ilícita. De igual forma, a dos personas más que aún están prófugas de la justicia y a quienes no se reveló su nombre.
Mientras que para otros imputados, que en un inicio fueron acusadas por el delito de encubrimiento de lavado de activos, se les modificó la acusación a lavado de activos, lo que les agrava su situación. Ellos son: Lenín Rodas, Félix Pacheco, Eduardo Lanza, José Sierra y Luis Urrutia, este último está prófugo de la justicia.
La pena mínima para el delito de lavado de activos es de 15 años y la máxima es de 20. Mientras que el delito de asociación ilícita se penaliza con 20 años mínimo y 30 como máximo.
Defensa legal
Los abogados coinciden en que buscarán probar que sus defendidos no reúnen los requisitos para ser acusados por lavado de activos y se pretende que la jueza les dicte un sobreseimiento.
Hasta las instalaciones de la CSJ llegaron personas con pancartas a exigir que se libere a Elvin Santos, Ramón Lara y José Sierra, porque afirman que son inocentes.
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