TEGUCIGALPA, HONDURAS
Las cajas que contenían las pruebas de todos los males de Pandora fueron admitidos por la jueza natural Lidia Álvarez Sagastume, del Poder Judicial.
Al cierre de esta edición, los fiscales y la defensa comenzaban a presentar las conclusiones de las pruebas ante la jueza, ya que fueron evacuadas durante el día.
Un total de 27 de los 38 implicados en el caso Pandora y sus representantes legales llegaron trasnochados, pues la audiencia inicial que comenzó el miércoles anterior se extendió hasta las 1:30 de la madrugada del jueves y siguió hasta las primeras horas de este viernes.
El único que no se presentó, solo su apoderado legal, por estar cumpliendo prisión en El Progreso, Yoro, fue el exalcalde, Arnaldo Urbina Soto.
Asimismo, estuvo la representante legal del desaparecido exministro de la Secretaría de Finanzas, William Chong Wong.
Extensa jornada
Antes de las 6:00 de la mañana del jueves los acusados ya estaban de nuevo en la Sala II de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los buses ejecutivos, con vidrios polarizados y aire acondicionado llegaron tempranito con los diputados, funcionarios y exfuncionarios públicos.
La reanudación de la audiencia inicial estaba prevista para las 11:00 de la mañana, pero debido a que la jueza estaba revisando los recursos de excepción y que los acusados tenían que comerse el almuerzo que les mandaron a comprar se extendió el plazo por tres horas más.
EL HERALDO logró entrar a la Sala II de Sentencias, previo a la entrada de los acusados, constatando que se ha aumentado el número de sillas y mesas en las que comparecen los acusados y sus defensores.
Fue hasta las 2:00 de la tarde que inició la segunda etapa de la audiencia inicial y las 2:30 ya se habían tomado las primeras resoluciones, comenzado un receso de 30 minutos.
A esa hora el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó que la jueza natural admitió la totalidad de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público (MP), salvo una declaración que había sido propuesta y que no se había realizado ante la jueza.
Los medios de prueba de la defensa también fueron admitidos en su totalidad, menos una inspección que solicitó una de las defensas.
En ese mismo instante se informó que fueron rechazadas cuatro nulidades y excepciones, la primera fue sobre el informe presentado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Malon Duarte, uno de los defensores, explicó que presentaron la excepción del informe del TSC porque este fue la base para la investigación que siguió la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del MP y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Pero al analizar la prueba este es un informe general y el artículo 85 del reglamento del TSC establece que los informes se notificarán a todas las personas de manera individualizada, para que estos hagan sus descargos correspondientes.
En ese sentido, el caso debería volver al TSC para seguir el debido proceso y defenderse en la instancia administrativa y se hubiese un pliego de responsabilidad penal el MP pueda proceder.
Esta acción, si hubiese sido admitida por la jueza, habría dejado en libertad a todos los procesados, mientras dudara la auditoría, que sería de unos tres años.
En segundo lugar, se rechazó el juicio político para algunos de los imputados; el tercer punto fue la justificación que esta causa había sido juzgada por otro Tribunal y que la cuarta nulidad solicitada por la defensa era que el requerimiento fiscal no estaba bien presentado.
En el mismo procedimiento, la tercera capturada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el domingo anterior, Velkis Hernández, solicitó que se cumpliera el arresto domiciliario hasta dictar una sentencia, por estar en período de lactancia, la cual fue admitida por la jueza.
Sobre la ampliación del delito de asociación ilícita solicitada por el MP para cinco de los imputados, que son Jacobo Regalado, Norma Keffy, Laura Arita y dos personas que andan prófugas de la justicia, fue admitida.
A las 3:00 de la tarde comenzó el debate de los medios de prueba, es decir, todos los informes que llevó el MP y las pruebas de la defensa que fueron presentados y la declaración de al menos nueve testigos.
Fundamentado
Al admitir todas las pruebas, “está bien fundamentado tanto el requerimiento fiscal como lo presentado en el informe del Tribunal Superior de Cuentas”, detalló Silva.
En el transcurso de la tarde se discutieron las pruebas y comparecieron alrededor de siete de los nueve testigos.
Alrededor de las 8:00 de la noche se realizó el segundo receso, donde la defensa alegó que el MP estaba presentando como medios de pruebas documentos en fotocopias y no originales.
La jueza dispuso dar dos horas de receso para que los abogados privados, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGP) trabajaran en la conclusión del proceso.
El abogado de Keffy Montes y de Jean François Marie de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández, declaró que “el requerimiento fiscal no tiene sustentación porque se usaron figuras que no tienen la tipicidad que ordena el Código Penal”.
Justificó que el delito de asociación ilícita y de lavado de activos hasta anoche no había sido probado y por lo cual esperaba que sus clientes salgan libres en las próximas horas.
En ese momento se armó un zipizape entre la prensa que cubre la audiencia y las autoridades judiciales, porque los intentaron desalojar de la sala de espera donde se cubre el proceso, para cederlo a la defensa, no obstante, después desistieron.
Para la madrugada de ayer se esperaba terminar la presentación de la conclusiones y determinar cuándo se daría la resolución, ya que todo dependería de qué extensa sean las conclusiones.
Una vez evacuada la mínima actividad probatoria, la jueza determinará si se dicta un auto de formal procesamiento con prisión preventiva o medidas sustitutivas a la prisión. Además, puede dar un sobreseimiento definitivo o provisional, para los implicados.
Mientras que Mario Rolando Suazo y Mario Edgardo Suazo se retiraron en horas de la tarde, ya que están absueltos de los cargos que se les imputaban en el requerimiento fiscal.
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