TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La prisión preventiva le llegó a quienes antes solían dictarla en las salas de los juzgados y tribunales. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés, fue enviado a prisión.
El togado presidió el Poder Judicial de 2009 hasta 2016, un período de siete años.
Junto a él también fueron enviados al Primer Batallón de Infantería los exconcejales Celino Aguilera y José Francisco Quiroz. Mientras que la exconcejal Liliam Maldonado fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara. Maldonado ahora compartirá celda con muchas reclusas a quienes en su momento les dictó sentencia fungiendo como jueza. Esto se determinó en la audiencia de notificación de cambio de medidas que se realizó ayer en el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción. La audiencia inició a las 9:00 de la mañana y finalizó una hora después.
En cuanto al exvicepresidente del extinto órgano, Teodoro Bonilla, no fue necesario que se presentara porque ya guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería.
Bonilla fue condenado a seis años de prisión en septiembre de 2017 por el delito de tráfico de influencias en el denominado caso Shalom.
Su apoderada legal, Delmi Márquez, se presentó ante la jueza para recibir la notificación que a su defendido le dictan prisión preventiva por una segunda causa. En el caso del exconcejal Julio Barahona, este aún no guarda prisión en virtud de que está atravesando una situación de luto por la muerte reciente de su padre. Sumado a eso, su madre está grave y hospitalizada; por eso no se presentó a la audiencia.
“No se le emitió orden de captura porqué el envió un escrito, el cual fue aprobado por la jueza competente, y él estaría siendo convocado en los próximos días para que se lleve a cabo la audiencia de notificación de la resolución de la Corte de Apelaciones”, anunció la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars.
Los seis exconcejales son acusados de más de 600 delitos de corrupción. El Ministerio Público (MP) los acusa por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. El pasado 14 de abril, cuando se sometieron a la audiencia inicial, la jueza les dictó medidas sustitutivas contrarias a la prisión. Entre ellas estaban: firmar todos los viernes el libro de control de medidas en el Juzgado en Materia de Corrupción y no salir del país.
Determinación
Los abogados de los exconcejales interpusieron acciones legales para evitar que sus defendidos fueran a prisión.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción determinó revocarles las medidas sustitutivas contrarias a la prisión, acción que ya se cumplió.
La Corte de Apelaciones emitió el 27 de julio una resolución sobre la revocación de medidas a los exconcejales.
A la semana siguiente los apoderados legales interpusieron un recurso de reposición para que el órgano judicial reconsiderara la determinación. Sin embargo, la Corte de Apelaciones declaró sin lugar ese recurso y ratificó la prisión para los togados.
Resignación
El expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, llegó al juzgado resignado a que iba a ser enviado a prisión.
Al llegar, Rivera se mostró sereno ante la prensa, pero su rostro se observó desencajado y denotaba tristeza. A su vez los exconcejales Maldonado y Quiroz se mostraron nerviosos y no dieron declaraciones a los medios de comunicación. Mientras que el exconcejal Aguilera aseguró que estaba preparado para la determinación. Ellos llegaron a una audiencia de la cual ya conocían la resolución.
Prisión
Una vez que finalizó la audiencia, las defensas salieron de la sala. Posteriormente, los exconcejales fueron sacados de la sala bajo un resguardo policial. Ellos no llevaban esposas ni en los pies ni en las manos como sí le ocurrió a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Los exconcejales fueron trasladados en una camioneta blanca con placa PEA 3251, que iba custodiada por elementos del Instituto Nacional Penitenciario (INP). El destino para tres imputados era el Primer Batallón, pero en lugar de usar la entrada principal como en otras ocasiones, ingresaron por el complejo de la Policía Militar del Orden Público, en la aldea Las Casitas.
Ahora los exconcejales están a la espera de que la Sala Constitucional emita su resolución sobre el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado para recuperar su libertad. De esa forma ellos podrían recuperar su libertad. Nilia Ramos, apoderada legal de Quiroz, dijo que con esa determinación se violó la Constitución de la República. A su vez dijo que eso fue una orden superior.
