TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Los 17 años de entrega y servicio en el Ministerio Público (MP) en contra del narcotráfico y el crimen organizado, quedaron en el olvido.
Mientras el fiscal Orlan Arturo Chávez yace en una tumba debido a las consecuencias de su trabajo, su familia sufre en vida la indiferencia de las instituciones para las cuales laboró.
El fiscal de oro, como lo llamaron, era el sustento de su casa, trabajaba por su hogar; ahora, su esposa Raina Margarita Morales lamenta que económicamente están muy mal.
La señora demandó al Ministerio Público (MP) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) las prestaciones laborales de su esposo por los años en servicio como fiscal y docente.
No obstante, se las han negado aduciendo que en sus reglamentos internos está establecido que no están obligados a cancelar prestaciones a una persona ya fallecida.
Empleado
EL HERALDO buscó a las autoridades del MP y en la UNAH, donde corroboró que a Chávez lo vieron como un empleado común y corriente.
De nada sirvió que se expusiera creando leyes en contra del narcotráfico y del lavado de activos.
Yuri Mora, vocero del Ministerio Público (MP), explicó que cuando murió Chávez estaba una junta interventora, que ordenó que se pagaran los derechos adquiridos y el seguro de vida del que gozan todos los fiscales del MP.
Según el Departamento de Administración de la Fiscalía, la familia del abogado nunca reclamó el cheque por estos beneficios porque reclaman las prestaciones laborales. Mora aclaró que “prestaciones laborales no hay, porque para eso está el seguro de vida”.
Quien debería responder sobre una pensión es el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).
EL HERALDO, llegó hasta la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la UNAH, donde afirmaron que el fiscal era considerado como cualquier otro docente y que solo están en la responsabilidad de darle sus derechos laborales.
Esto quiere decir, el sueldo del últimos mes, el décimo tercer y cuarto salario y las vacaciones.
El resto es responsabilidad del Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Inpreunah).
Fuentes de EL HERALDO confirmaron que el Inpreunah apenas les pagó 248,000 lempiras. En cuanto a las investigaciones, Mora aseguró que el caso no está en la impunidad debido a que ya se detuvieron a los dos autores materiales y uno de los intelectuales, que es el comisario de Policía, Mario Mejía Vargas, extraditado hacia Estados Unidos.
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