El Ministerio Público y la Oficina de Bienes Incautados (OABI) exigirá a la compañía Aerocentro que devuelva el narcohelicóptero decomisado en Honduras
que se les entregó y, asimismo que se haga responsable de los millonarios daños que presenta.
Aerocentro informó a la OABI que sí tiene en su poder la nave en Guatemala, sede de esa sociedad, luego de que asegurara que ya no era de su propiedad.
Pero informó que el aparato presenta daños considerables que no pueden ser reparados, por su alto costo.
Según la empresa, las finanzas de la compañía se vieron afectadas por las noticias referentes a que parte de su personal estaría ligado al crimen organizado y por eso no tiene recursos para la reparación.
“Ya se presentó el depositario exponiendo que la empresa perdió su clientela por los comentarios negativos y que no puede reunir los 76 mil dólares (1.5 millones de lempiras) que cuestan los repuestos y la reparación”, dijo Humberto Palacios Moya, director de la OABI.
El funcionario indicó que esta situación ya fue reportada al Ministerio Público y que la decisión es que debe de traerse (el helicóptero) a Honduras” y que Aerocentro debe de hacerse responsable del traslado.
Decomiso
El 10 de octubre de 2010 fue decomisado el helicóptero Bell 20611, placa TG-MEC, modelo 250028, propiedad de Aerocentro, en la comunidad de Palacios, Gracias a Dios, por encontrarse en su interior restos de cocaína, según prueba de escáner de iones efectuada por el Ministerio Público.
La aeronave era conducida por el piloto Jorge Aguilar, empleado de Aerocentro, quien desvió el plan de vuelo original que tenía de moverse entre dos ciudades de la zona norte y voló hacia Palacios.
Se le decomisaron 6,000 dólares en efectivo que, se supone, correspondían al pago de sus servicios.
El aparato fue entregado a la OABI (cuando era dependencia del MP) como corresponde, según la Ley contra el Lavado de Activos, y posteriormente, el entonces director de esa entidad, Omar Zúniga, firmó un contrato de depósito con Aerocentro para que lo utilizara.
El contrato no estableció ningún pago a favor del Estado de Honduras, por lo que solo Aerocentro recibió dinero por la explotación del helicóptero, pese a que era la empresa investigada por el Ministerio Público.
El director de la OABI (oficina que ahora depende del Poder Ejecutivo), Humberto Palacios Moya, firmó varias prórrogas del contrato de depósito e, igualmente, no se fijó ningún pago a favor del Estado.
El último contrato finalizó el 31 de diciembre de 2012, fecha en la cual Aerocentro debió entregar el helicóptero en buen estado.
Cuando Palacios Moya hizo consultas a Aerocentro sobre las condiciones en que se encontraba la nave, se le indicó que estaba en mal estado y que ya no pertenecía a esa compañía, por lo que el paradero del mismo quedó en el misterio.
Dudosa empresa
Tras el decomiso del helicóptero TG-MEC en 2010, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) comenzó a investigar al piloto Haward Gilbert Suhr Castellanos, socio fundador de Aerocentro, por posibles vínculos con el crimen organizado.
Suhr Castellanos, junto al diputado guatemalteco José Luis González y el excoordinador de fiscales, Rafael Fletes, fueron detenidos en 2012 en la colonia Bugambilia, en San Pedro Sula, por la DLCN, como parte del operativo Julián Arístides González.
La Presidencia de la República de Guatemala suspendió el contrato de servicios que tenía con Aerocentro, al argumentar que el contrato de vuelos con esa compañía ponía en riesgo la seguridad del presidente Otto Pérez.
Artículos publicados en Guatemala también hacen referencia al supuesto origen ilícito de los bienes de Guillermo Lozano, otro de los socios de Aerocentro.
Según estos mismos artículos, publicados en Guatemala, Lozano fue piloto del expresidente Manuel Zelaya y habría utilizado uno de los helicópteros de Aerocentro para ayudar a que el exgobernante entrara de forma irregular al país en 2009 para que se refugiara en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
