La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) investiga el origen de las riquezas, algunas que constituyen enormes fortunas, de 103 elementos de la Policía Nacional y de 269 familiares de estos elementos.
Bajo la lupa del ente contralor se encuentran miembros de la escala básica y oficiales con altos cargos dentro de la institución, indicó a EL HERALDO el director de la DIECP, Eduardo Villanueva.
En total, primero eran 112 los policías investigados, pero ya se entregaron al Tribunal Superior de Cuentas nueve expedientes, por lo que la cifra de indagados bajó a 103, explicó Villanueva.
Los nombres de estos oficiales trascendieron meses atrás cuando, por supuesto lapsus, se permitió el ingreso de periodistas a una sala donde estaban sus nombres escritos. EL HERALDO decidió no hacer públicos los nombres.
Los casos ya tienen una voluminosa documentación y ahora corresponde entrar a una fase de análisis cuando la logística permita hacerlos, dijo. En varios expedientes “algunas de las incongruencias (de los patrimonios de ciertos policías) son cuantiosas”, aseguro Villanueva.
En el espectro de la investigación hay sospechas no solo de que policías tiene ingresos elevados de posibles actividades ilícitas en las que podrían participar directamente, pero en otros se supone que posiblemente han prestado sus nombres para esconder bienes de otros delincuentes.
Para escoger a quiénes se investiga, entre otros parámetros, se determina el tipo de movimientos bancarios que registren, el rango del oficial y el nivel de autoridad y jerarquía que han tenido. “Hay investigaciones de mucha complejidad, por ejemplo, tengo una investigación en proceso de mucha complejidad que requiere mayor profundidad en el trabajo porque son negocios grandes”.
Para hacer las investigaciones se auscultan declaraciones de ingresos, pagos de impuestos, movimientos bancarios y declaración jurada de bienes, entre otras pesquisas.
El director de la DIECP dijo que las investigaciones también apuntan a algunos parientes de policías como esposa, madre, hijos, primos, cuñados y suegros y otros dentro de esa línea familiar porque se han encontrado “algunos indicios” de que algunos capitales les fueron transferidos para enmascarar el origen de bienes ilícitos, es decir que hay fuertes sospechas de que estos son testaferros.
Los familiares investigados por posible testaferrato son 269, a quienes por ende se les indagan sus cuentas bancarias, registros de propiedades y otros haberes.
“Nosotros estamos facultados para investigar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para determinar si hay testaferros que se hayan prestado para el ocultamiento de bienes producto de alguna actividad ilícita”.
Cuando hay posibles casos de testaferros, la investigación se complica porque hay que ampliar el trabajo detectivesco y eso demora tiempo.
“Si usted tiene lista una persona en donde le encuentran 3 o 4 millones de lempiras que no son coincidentes con su ingreso y surge por ahí otro elemento que un pariente de él que no se le conoce un ingreso, tiene una hacienda y otros bienes por allá, tenemos que buscar si aquello está relacionado”.
Del centenar de investigados posiblemente nueve casos de incongruencias patrimoniales sean remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que se sumarían a otros nueve que fueron remitidos anteriormente, dijo el funcionario.
“Nosotros tenemos 9 en mesa, buscando información aquí, allá y preparándola para determinar las incongruencias… A veces ocurren cosas nuevas, cuando uno cree que hay avances se descubren cosas nuevas”, dijo. Las pesquisas pueden ir dando frutos, dijo Villanueva, pero en ocasiones el caso se vuelve más complejo de acuerdo a las nuevas evidencias y por eso no se puede dar una fecha exacta de cuándo se enviarán los expedientes al TSC para que certifique si hubo enriquecimiento ilícito.
No obstante, Villanueva cree que si todo avanza sobre ruedas en las averiguaciones a más tardar en dos meses los documentos serán enviados al TSC.
El funcionario explicó que ya se superó el impasse por el cual el TSC les regresó los primeros nueve expedientes, ya que se les explicó a los magistrados que hay algún tipo de investigación que la DIECP no puede realizar porque la ley no se los permite y que solo le competen al Tribunal de Cuentas.
“No los van a devolver”, aseveró Villanueva, quien remarcó que extralimitarse en los procesos de investigación implicaría que los funcionarios de la DIECP incurran en abuso de autoridad. La Alianza por la Paz y la Justicia había criticado fuertemente a la DIECP porque cuando se devolvieron los casos por parte del TSC se señaló que la investigación había sido insuficiente.
En este año la DIECP piensa contratar nuevo personal al que se le asignará la investigación patrimonial de los policías.
La investigación patrimonial no forma parte de las pruebas de confianza que hace la DIECP, sino que corresponde a un apartado de investigación de delitos ya que esa área está contemplada en el de crímenes como enriquecimiento ilícito. Las pruebas de confianza consisten en toxicológica, psicométrica, socioeconómica y la del polígrafo o detector de mentiras.
