El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declaró que no hay marcha atrás en la decisión de bloquear la señal de la telefonía celular en los centros penales, al tiempo que advirtió que las compañías que prestan este servicio deben cumplir con la ley.
La Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales, que entró en vigencia la semana anterior, otorgó un plazo hasta el viernes 14 de febrero para que las empresas de telefonía móvil procedan a desmontar y redireccionar sus antenas e instalar bloqueadores de alta tecnología en los centros penales.
La medida tuvo que ser radical a raíz que, muchos meses atrás, se había ordenado bloquear las llamadas en los recintos y la medida nunca se cumplió.
La medida ha provocado la reacción de los vecinos de las zonas residenciales que están en los alrededores de los presidios, ya que arguyen que la ley aprobada violenta su derecho a la comunicación.
El presidente Hernández sostuvo que probablemente el bloque telefónico en las cárceles afecte a las personas que viven en los alrededores de estos centros, pero indicó que “se deben salvar vidas”.
En un conversatorio con la prensa, el mandatario anunció que procederá a la reestructuración de la Comisión de Transición de los Centros Penitenciarios ya que por problemas “burocráticos” no se está poniendo orden en las cárceles del país.
Citó como ejemplo que las autoridades penitenciarias no hayan podido trasladar a la cárcel de máxima seguridad a un líder de mara que a través de un aparato celular ha ordenado al menos 100 asesinatos desde el interior de la cárcel.
“Todo el sistema de transición de las cárceles se ha vuelto tan burocrático que no es posible que una persona haya ordenado casi cien muertes desde ahí, a puro teléfono, entonces vamos a tomar decisiones de suspender a esa gente”, indicó.
El titular del Poder Ejecutivo afirmó que uno de los mayores problemas que enfrenta el país tiene que ver con la impunidad.
Hernández se preguntó por qué en países como Colombia y México no hay señal para llamadas telefónicas, específicamente en el interior de las cárceles y afuera sí.
Ley más rígida
El secretario del Congreso Nacional, diputado Mario Pérez, señaló que desde hace varios meses se les había comunicado a las compañías privadas que brindan el servicio de telefonía la obligación de instalar los aparatos de bloqueo.
Pérez advirtió que vencido el plazo que otorga la ley, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deberá supervisar los centros penales y corroborar que se ha bloqueado la señal.
El incumplimiento de la medida dará lugar a una multa de 20 millones de lempiras a la empresa infractora, dijo el congresista.
Por otra parte, advirtió que está a punto de ser aprobada una ley para el registro telefónico más rígida, ya que las telefónicas también debían controlar esto y no lo hicieron.
Indicó que ha sido tal la irresponsabilidad que en lugar de solicitar el documento de identidad para el registro del número, las telefónicas permitieron que los usuarios se registraran mediante mensajito y no era ese el espíritu de la ley.
Cada número debe estar amarrado a un nombre, a una cédula de identidad y otros datos que permitan a las empresas celulares conocer con precisión el perfil de cada abonado, su domicilio y elementos adicionales que en cierto momento pudiesen ser útiles para conocer la implicación de tal o cual cliente en actividades delictivas, citó.
