Los cambios realizados por el presidente Juan Orlando Hernández en la estructura de la administración pública ya son ley.
El nuevo esquema de gobierno fue oficializado mediante decreto ejecutivo PCM-001-2014, recientemente publicado en el diario La Gaceta.
El acuerdo confirma la creación de la Secretaría General de Gobierno y la conformación de siete gabinetes sectoriales que tendrán la responsabilidad de vigilar el funcionamiento de las instituciones por áreas.
Dicho decreto confirma el cierre, fusión y creación de nuevos entes con la finalidad de optimizar los recursos del Estado y eficientar el funcionamiento de la administración pública.
Los siete gabinetes sectoriales son: gobernabilidad y descentralización, desarrollo e inclusión social, desarrollo económico, infraestructura productiva, conducción y regulación económica, seguridad y defensa y relaciones internacionales. Estos siete organismos funcionarán bajo la coordinación del ministro general de Gobierno, cargo que ostenta Jorge Ramón Hernández Alcerro, quien, según el decreto, “está a cargo de auxiliar al Presidente en la coordinación de la administración pública por medio de los ministros sectoriales”.
Los cambios oficializados confirman, además, la desaparición de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, Cultura, Artes y Deportes; Turismo; Pueblos Indígenas y Afrohondureños, y Justicia y Derechos Humanos.
Tampoco tienen rango de secretaría de Estado instituciones como Pronaders, FHIS, SANAA, ENEE, Instituto de la Juventud, Infop, Praf, Inam, INA, Ihnfa, entre otros. Anteriormente, los funcionarios de estas entidades se han hecho llamar “ministros”.
El decreto señala que las estructuras administrativas, personal y presupuesto de cada una de las secretarías pasan a los gabinetes sectoriales que correspondan.
Para el caso, las estructuras de la Secretaría de Turismo pasan a la Secretaría de Desarrollo Económico, la de Justicia y Derechos Humanos pasa a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
El decreto ejecutivo, contentivo de 27 artículos, indica que solo existirán 15 secretarías de Estado y que las instituciones descentralizadas tendrán la organización y atribuciones que la ley les confiere.
En la nueva estructura también se crea la figura del secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, cargo que actualmente ocupa el asesor presidencial, Ebal Díaz. Según el decreto, el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros desempeñará las funciones que el Presidente le delegue en coordinación con el Despacho de la Presidencia. La ley contempla la celebración de gabinetes populares o sesiones de gobierno abiertas en cualquier lugar del país.
Sector
En las reformas a la estructura de gobierno también se crea el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, al que se integra el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders).
Asimismo, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Este sector es dirigido por Mario Pineda.
El decreto autoriza la adscripción de la Secretaría General de la Presidencia y la Unidad de Apoyo Técnico Presidencial a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros.
Autoriza, además, la adscripción del Centro Nacional para la Educación y el Trabajo (Cenet), de la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Desarrollo Económico.
La Dirección General de la Marina Mercante pasa a la Secretaría de Defensa, incluidas sus partidas presupuestarias.
La Conapid pasa a la Secretaría de la Presidencia, mientras que la Condepah, Ihadfa, Copeco y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) “mantendrán su independencia funcional”.
El decreto autoriza la adscripción del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.
La promoción de la cultura, las artes y los deportes estarán a cargo de la Secretaría de la Presidencia, por lo que las estructuras administrativas, personal y presupuesto pasan a esta institución.
En su artículo 25, el decreto establece que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) estará adscrita a la Presidencia de la República “a quien dará cuenta directa de su funcionamiento, metas alcanzadas en recaudación tributaria, así como de los procesos de certificación del personal”.
Secretarías
1- Secretaría General de Gobierno
2- Secretaría de la Presidencia
3- Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
4- Secretaría de Relaciones Exteriores
5- Secretaría de Desarrollo
e Inclusión Social
6- Secretaría de Desarrollo Económico
7- Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
8- Secretaría de Seguridad
9- Secretaría de Defensa
10- Secretaría de Salud
11- Secretaría de Educación
12- Secretaría de Trabajo
13- Secretaría de Agricultura y Ganadería
14- Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
15- Secretaría de Finanzas
