Tegucigalpa, Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó un derroche de 15.7 millones de lempiras de fondos en Casa Presidencial en pagos por consultorías “fantasma” y otras irregularidades.
Así lo revela una auditoría efectuada por el ente contralor en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
La auditoría financiera y de cumplimiento legal se practicó en la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial por el período comprendido del 1 de enero de 2006 al 30 de junio de 2009.
Al concluir la investigación, el TSC notificó el informe No. 011-2009-DASSJ-SDP, en el que se revelan las irregularidades que lindan con actos de corrupción.
“Este informe contiene opiniones, comentarios y recomendaciones; los hechos que dan lugar a responsabilidad administrativa y civil se tramitarán individualmente en pliegos separados y los mismos serán notificados a los funcionarios y empleados en quienes recayere la responsabilidad”, expresó el presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera.
El TSC verificó la correcta percepción de los ingresos y ejecución del gasto corriente y de inversión, ante cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
Hallazgos
El ente contralor detectó irregularidades en el manejo de recursos que ameritan ser reparados por los responsables.
Los mismos ascienden a 15.7 millones de lempiras.
“Pagos efectuados en concepto de consultorías, sin existir la evidencia documental que acredite la realización del trabajo por la suma de L 7,859,128.26, financiados con fondos nacionales y fondos externos, durante los años 2007, 2008 y 2009”, cita la primera conclusión de la auditoría.
A 32 consultores se les pagó, de los cuales no se encontró evidencia de haber presentado informes de trabajo.
La contratación de consultorías era sobre diferentes rubros, entre ellas elaboración de propuestas para programas de educación y comunicación ambiental, estudio de la situación de los privados de libertad en los centros penales, fortalecimiento de la imagen institucional y estrategia de comunicación, desarrollo de proyectos habitacionales, consultoría sobre el aeropuerto de Palmerola y análisis del Infop para una reforma, entre otras.
Algunos consultores fueron contratados sin conocer su capacidad y experiencia profesional, ya que no presentaron los curriculum vitae ni fotocopia de los títulos que acreditan su profesión.
Se mencionan nombres de 33 personas como sospechosos de recibir dinero sin acreditar trabajos realizados.
“No se pudo verificar que los servicios de consultoría se hayan realizado”, cita el TSC.
De los honorarios profesionales de algunos consultores no se retuvo el 12.5 por ciento del Impuesto sobre la Renta y de otro no se efectuó correctamente, por la cantidad de 2.9 millones.
Otro hallazgo refiere a transacciones efectuadas sin la documentación de respaldo por 2,874,334 lempiras, en 21 cheques emitidos a entonces funcionarios y diputados.
La auditoría descubrió una retención de Impuesto sobre Ventas a los gastos por alquileres de edificios y del proyecto Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) no enterados a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la suma de 1,279,176 lempiras.
Asimismo, gastos de representación otorgados, amparados en Acuerdos Ejecutivos que no fueron publicados en el diario oficial la Gaceta, efectivos a partir de los años de 2007 y 2009, por la cantidad de L 550,500 lempiras.
Finalmente, el TSC descubrió un exceso en el consumo y asignación del servicio de telefonía celular por 152,622 lempiras.
