Honduras

Denuncian ante fiscalía a acaparadores de frijol

'No compren frijoles caros', dijo el secretario de Desarrollo Económico, Alden Rivera, quien se presentó esta mañana con documentación de respaldo a la Fiscalía del Consumidor.

02.06.2014

Tegucigalpa, Honduras

Tras el decomiso de más de siete mil quintales de frijol en el oriente y norte de Honduras, el gobierno presentó este lunes una denuncia formal contra los presuntos acaparadores ante el Ministerio Público.

El secretario de Desarrollo Económico, Alden Rivera, se reunió esta mañana con la Fiscal Especial de Protección al Consumidor, Sara Sagastume, a quien entregó documentación que respalda la denuncia.

El primer expediente se refiere al decomiso de los 1,772 quintales de frijol en el Valle de Jamastrán y el segundo, a la confiscación de seis mil quintales en San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.

En total, sumen 7,772 quintales de frijol los que han sido incautados por las autoridades luego de que se anunciara una lucha contra el acaparamiento del grano, básico en la alimentación de los hondureños.

Rivera entregó a Sagastume los dos expedientes con la documentación soporte; sin embargo, no quiso profundizar sobre los nombres o empresas que estarían siendo investigados.

'Estamos haciendo un monitoreo constante en todos los centros de almacenamiento de frijol. Banasupro mantiene el precio de venta del frijol a 46 lempiras la medida. Estamos llegando a todos los barrios y colonias a través de los camiones que nos han prestado las Fuerzas Armadas de Honduras', afirmó.

El funcionario detalló además que también se está distribuyendo la medida de frijol a 55 lempiras en casi 100 supermercados ubicados en varias zonas de Honduras.

'Le pido a toda la población hondureña, no compren frijol caro, no contribuyan con quienes están atentando contra la economía de las familias de todos los hondureños', insistió.

Rivera aseguró que las pruebas presentadas a la Fiscalía serán suficientes para que los responsables sean objeto de un proceso judicial ante los tribunales.

En caso de que el Poder Judicial determine confiscar los frijoles, el gobierno de Honduras los distribuiría a través de Banasupro, indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El acaparamiento es un delito sancionado con penas de entre uno y cinco años de reclusión, según la Ley del Consumidor.

Las multas para los acaparadores oscilan entre uno y diez mil salarios mínimos, indica la regulación.