Tras haber protestado
Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en las últimas horas en primer debate la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
El proyecto de decreto fue enviado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
El objetivo de la ley es “reconocer, promover y proteger” los derechos humanos y las libertades fundamentales de “toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales”, señala el Legislativo en una nota informativa.
La ley se fundamentará en la Constitución de Honduras y normativa internacional relativa a derechos humanos.
Establece que “toda autoridad civil, policial y militar está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la ley”.
La ley crea también en su artículo 16 el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Estará integrado por un representante de propietario y suplente de las secretarías de Seguridad; Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados de Honduras; Colegio de Periodista de Honduras y cinco representantes de organizaciones civiles que luchan por los DD HH.
La ley crea también la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales, encargada de las denuncias de riesgo que se promuevan ante la Secretaría de Derechos Humanos.
El mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia se realizará a través de la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de Riesgos y Reacción Inmediata; Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis; y la Unidad de Protección de Personas en Riesgo de la Secretaría de Seguridad.
Las denuncias se podrán interponer ante ante cualquier autoridad competente, que remitirá el caso ante la Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, según sea pertinente.
La Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales podrá implementar medidas preventivas, de protección y medidas urgentes de protección, entre otras.
En casos de peligro grave o inminente, se podrá asignar equipo celular, radio o telefonía satelital, cámaras de video, cerraduras, luces y otras, en el lugar de trabajo o de residencia.
Además, chalecos antibalas, detector de metales, asignación de protección policial personal, de inmuebles y las necesarias para salvaguardar la vida.
En casos extremos, la instancia mencionada podrá determinar la evacuación inmediata, reubicación dentro o fuera de Honduras, ya sea definitiva o temporal, entre otras medidas.
Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), suman 43 los periodistas y/o empleados de medios de comunicación asesinados desde 2003.
El número 44 fue un locutor de San Juan de Opoca, en Copán, al occidente de Honduras, asesinado en un supuesto robo.
