Honduras iniciará de inmediato las consultas y negociaciones necesarias para el establecimiento de una iniciativa regional que permita abordar la crisis humanitaria en forma conjunta y definitiva, anunció este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores al finalizar la Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia.
El gobierno de Honduras abogó nuevamente por el reconocimiento de la responsabilidad compartida en la problemática de la niñez migrante del Triangulo Norte de Centroamérica en la frontera sur de Estados Unidos, 'para alcanzar la paz, la seguridad, el bienestar y la justicia para nuestros pueblos'.
La conferencia culminó este jueves en la capital de Honduras con la declaración, que fue leída por la canciller Mireya Agüero.
En la misma, Honduras plantea un trabajo conjunto en el diseño e implementación de una iniciativa regional para erradicar la emergencia de seguridad provocada por las redes del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos y al mismo tiempo, promover el desarrollo económico e inclusión social.
Esta iniciativa supone el diseño y la implementación de un programa con recursos suficientes para el control efectivo de fronteras y la eliminación de “puntos ciegos”; la persecución, desarticulación y derrota definitiva de las redes de coyotaje; la protección de los derechos humanos y la integridad física y espiritual de los flujos de migrantes, especialmente los menores no acompañados, en los territorios de tránsito. Dichos operativos de disuasión y protección, serían efectuados por instituciones de los países de la región.
De igual manera, exige 'la fijación definitiva de una política migratoria clara por parte de los Estados Unidos, referida a los países de la región; un programa vasto y de gran alcance de comunicación, con la actuación conjunta de los Gobiernos de los Estados Unidos y de los países de la región para que todos los ciudadanos conozcan, sin lugar a confusiones o a desinformación tanto los derechos, obligaciones e interdicciones referidas a la migración ilegal, como los riesgos involucrados en el desplazamiento por los territorios de tránsito'.
Insta además a la organización de estructuras y prácticas institucionales para los migrantes ilegales detenidos en Estados Unidos, que permitan el procesamiento expedito de las situaciones caso por caso, de acuerdo a la ley, a la protección de su integridad física y espiritual, y el respeto de sus derechos humanos.
En el encuentro participaron representantes de los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá; el Sistema de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Sistema de Integración Centroamericana; organismos de cooperación internacional y representantes de la sociedad civil.
Los oficiales coincidieron en la necesidad de modelos institucionales efectivos para el acogimiento de los migrantes deportados en sus países de origen, que reflejen un recibimiento adecuado, promotor de la dignidad de los individuos y las familias; su adecuada reinserción en materia laboral y de educación, así como el seguimiento personalizado de los individuos y las familias, para que no reincidan en su intención de emigrar.
