Un juez con Jurisdicción Nacional determinó dictar detención judicial contra el exsecretario del Trabajo y exmiembro de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Montes, capturado este lunes en la capital de Honduras.
La defensa de Montes confirmó que el acusado será trasladado al Primer Batallón de Infantería 'por su seguridad', aunque afirmó que 'es inocente' de los delitos que se le imputan.
Montes fue detenido a eso de las 8:40 AM en su casa, ubicada en la colonia Aurora de Tegucigalpa, en cumplimiento a una orden de captura librada en su contra por un juez con Jurisdicción Nacional por los delitos de lavado de activos, cohecho y abuso de autoridad.
Esta sería una nueva línea de investigación abierta por el MP sobre irregularidades en el IHSS en las que vincula a Montes, al exdirector del IHSS Mario Zelaya, y al ex viceministro de Salud, Javier Pastor.
La Fiscalía indaga la transferencia de al menos 150 mil dólares (más de tres millones de lempiras) a cuentas de Carlos Montes, por presuntas negociaciones ilícitas.
Sobre Pastor, personal del Ministerio Público en San Pedro Sula confirmó que existe una orden de captura en su contra, por lo que montó vigilancia en un sector de la colonia Trejo de San Pedro Sula, donde se supone se encuentra el ex viceministro.
El Ministerio Público y la Policía Militar realizaron esta mañana los allanamientos en la casa del exfuncionario, a quien un juez con jurisdicción nacional le dictó la orden de captura.
No obstante, Pastor no fue ubicado en la vivienda y se encuentra prófugo de la justicia.
Mediante un comunicado, el MP indicó que 'a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, sus agentes de Tribunales, presentó en las últimas horas nuevas acciones penales tras concluir otra línea de investigación en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En esta oportunidad, por los delitos de lavado de activos, cohecho pasivo e impropio, en contra de los exsubsecretarios de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social y Salud Pública, señores Carlos Montes Rodríguez y Javier Pastor Vásquez, respectivamente, quienes fungieron como miembros de la Junta Directiva del IHSS'.
Además, se presentó otra acusación contra el exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya.
El requerimiento, en el cual fundamenta jurídicamente las responsabilidades penales, fue interpuesto ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional y establece que 'los ahora acusados exigieron a una empresa privada el pago de beneficios o 'coimas' por la agilización en la tramitación de pagos a los representantes de dicha empresa por los contratos que en su momento suscribieron con el Seguro Social a razón de la adquisición de bienes o servicios'.
Contra los imputados se libraron órdenes de captura, alertas migratorias y allanamientos en diferentes partes de Honduras.
Tanto Montes, como Pastor y Zelaya, conformaban el Comité de Inversiones del IHSS, el cual tomaba decisiones sobre la priorización de pagos.
Los montos que objeta la Unidad de Apoyo Fiscal a los exfuncionarios, habrían sido emitidos por 'empresas fantasmas' mediante cheques y transferencias enviadas a nombre de terceras personas.
Se prevé que Montes sea presentado ante un juez en horas de la tarde, para la correspondiente audiencia de declaración de imputado.
Por el delito de lavado de activos, las leyes de Honduras establecen una pena de 15 a 20 años de prisión, sin posibilidad de aplicación de medidas sustitutivas, mientras por el delito de cohecho, la condena es de uno a cuatro años.
Antecedentes
Sobre el exsecretario de Trabajo Carlos Montes ya pesa auto de formal procesamiento por la transferencia de 900 millones de lempiras del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al régimen Enfermedad Maternidad (EM).
El auto de formal procesamiento señala a Montes como uno de los autores, junto a José Hilario Espinoza, Luis Alonso Mayorga, Arturo Bendaña Pinel, Leonardo Villeda, José Humberto Lara y Odessa del Carmen Henríquez, por un delito de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, por haber aprobado la consolidación de deuda del régimen de maternidad y enfermedad en la sesión ordinaria de junta directiva numero 12-2011 de fecha 23 de marzo de 2011.
Asimismo, le fue dictado auto de Formal procesamiento como autor, junto a José Hilario Espinoza, Luis Alonso Mayorga, Javier Rodolfo Pastor, Óscar Manuel Galeano, Arnoldo Solís, José Manuel Espinal, Daniel Durón y Benjamín Bográn, por un delito contra la Administración de fondos públicos y privados de pensiones, por haber aprobado el préstamo de IVM al régimen de EM en sesión extraordinaria de junta directiva número 22—2011 de fecha 24 de mayo de 2011.
La captura de Montes fue confirmada por el jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, quien anunció una conferencia de prensa en las próximas horas para detallar las circunstancias en las que fue detenido el exministro.
La Fiscalía presentó en marzo un requerimiento contra la entonces Junta Directiva del Seguro Social, basado en un informe de la Junta Interventora en el cual se establece que el 30 de marzo de 2011, los directivos resolvieron aprobar la consolidación de la deuda que el Régimen Enfermedad Maternidad tenía con el Régimen Invalidez Vejez y Muerte, producto de traspaso de fondos en administraciones pasadas.
La consolidación presentada por la Gerencia Administrativa y Financiera ascendía a 942.8 millones a un plazo de 15 años, a una tasa de interés del 8.70 por ciento, con pagos mensuales de 12 millones de lempiras.
Para el 20 de junio del 2011 se ejecutó un nuevo préstamo entre regímenes aprobado por unanimidad por la Junta Directiva mediante resolución SOJD-01-24-05-2011.
La primera de estas transferencias se realizó en contravención a la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), la cual opinó 'desfavorablemente sobre la solicitud presentada por la Junta Directiva y Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social contentiva a obtener un préstamo para el Régimen de Enfermedad y Maternidad de los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de dicho Instituto”.
El informe también señala a los miembros de la Junta Directiva 2010-2014 como los responsables de haber aprobado onerosos contratos con las empresas Dimesa, Cosem y Sistemas Abiertos, que representan una deuda de cuatro mil millones de lempiras.
Además, se les atribuye la aprobación de un sobreendeudamiento con la banca privada que asciende a más de 600 millones de lempiras.
