El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del miércoles a puerta cerrada una reforma al Código Penal, mediante la cual se aplicará cadena perpetua contra asesinos de operadores de justicia.
Anteriormente, la pena máxima para un homicida era de hasta 40 años de reclusión. Con la reforma aplicada anoche, se sancionará con prisión de por vida a quienes provoquen la muerte al Presidente de Honduras, titular del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o sus familiares.
Además, para quienes asesinen a diputados, fiscales, jueces, magistrados, policías, militares, testigos protegidos o al director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La figura de cadena perpetua como tal, fue aprobada en el período 1998-2002 por el Congreso Nacional de Honduras que entonces presidía Rafael Pineda Ponce, para delitos como secuestro agravado y asesinatos, entre otros.
Mario Pérez, secretario del Poder Legislativo, manifestó que esta aprobación marca un mensaje fuerte y contundente en temas de seguridad y en la lucha frontal contra la delincuencia.
En caso de que los funcionarios sean objeto de amenaza sobre el ejercicio de su cargo, los imputados serán condenados por más de 20 años.
Estas reformas fueron planteadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, tras el asesinato de dos fiscales del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula.
'El mensaje a estas bandas de delincuentes debe de ser claro y contundente, que si llegan tan siquiera a proponer, a quitar la vida o a consumar el hecho, les caerá todo el peso de la ley y ahora más que nunca, pues tenemos investigación, inteligencia y la construcción de nuevas cárceles”, dijo recientemente el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre el endurecimiento de las penas.
Las modificaciones al Código Penal de Honduras también fueron bien vistas por el Ministerio Público (MP) y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
