El jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, abandonó el país por amenazas a muerte supuestamente relacionadas a las investigaciones del caso del latrocinio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
De acuerdo a versiones no confirmadas que trascendieron en medios de prensa, Ramírez Aldana habría recibido un ultimátum hace 10 días acerca de que si no desistía de actuar en los juicios de la corrupción en el IHSS se le iba a quitar la vida.
EL HERALDO tuvo conocimiento de que el funcionario acudió ante el Comisionado de Derechos Humanos para dar testimonio de las amenazas y solicitar medidas cautelares.
El Conadeh, en respuesta al pedido de resguardo del funcionario, le pidió a la Policía Nacional que le brindara protección al fiscal, pero la entidad armada respondió que este ya contaba con seguridad personal.
Cuando a Ramírez Aldana se le ha visto en conferencias de prensa o en la Corte Suprema de Justicia siempre se ha hecho acompañar por personal militar.
De acuerdo a informaciones facilitadas, el funcionario tenía a disposición dos vehículos blindados y un número de seis a nueve efectivos militares o agentes policiales.
La Policía le habría dicho al Comisionado de Derechos Humanos que más seguridad era casi imposible darle al funcionario, pues desde hace ya varios meses se había tomado la decisión de fortalecerle su seguridad.
Fuera del país
Sin embargo, la advertencia fue analizada por las máximas autoridades del Ministerio Público, que consideraron que era real, por lo que se decidió que el fiscal saliera de emergencia del país.
EL HERALDO le envió mensajes por WhatsApp al fiscal Ramírez Aldana en los que se le consultaba sobre la veracidad de la amenazas, pero no respondió.
También se solicitó al departamento de Relaciones Públicas de la Fiscalía General que gestionara una entrevista con alguna alta autoridad de esa dependencia para que confirmara la noticia, pero no hubo contestación a la petición.
El fiscal Ramírez Aldana es quien coordina, como parte acusadora, los juicios incoados en contra de exfuncionarios por la millonaria estafa en perjuicio del Seguro Social.
La unidad a cargo del funcionario logró al menos cinco autos de formal procesamiento contra implicados, entre ellos el del exdirector Mario Zelaya, quien se encuentra guardando prisión mientras se lleva a cabo el proceso judicial en su contra.
También guardan prisión el exgerente financiero del IHSS, Ramón Bertetty; la esposa del exjefe de Compras y prima de Zelaya, Michelle Rojas, los ex viceministros de Trabajo Carlos Montes y de Salud Javier Pastor.
El Ministerio Público acusó también a Mario Zelaya Palencia (padre del doctor Mario Zelaya), al exjefe de Compras José Zelaya Guevara, a la chilena Patricia Ciuffardi Castro y Gabriela Laínez Reina.
