Un retardo malicioso en la aplicación de la justicia por parte de defensores y jueces, así como escandalosa corrupción en casos concretos encontró la Comisión Multipartidaria en la revisión de acciones judiciales del Ministerio Público.
Después de 18 horas de trabajo, la Comisión Multipartidaria presentó al pleno del Congreso Nacional un informe acerca de los avances en el manejo de 12 casos de corrupción.
La presentación de este informe generó muchas expectativas a nivel nacional, porque se esperaba que diera a conocer nuevas revelaciones acerca de estos hechos que han impactado en Honduras.
Sin embargo, la comisión se limitó a dar a conocer la información recabada acerca de los casos que están judicializados, citando nombres y hechos que ya han sido ventilados por los medios de comunicación.
En aquellos casos que están en proceso de investigación, la comisión se limitó a establecer plazos perentorios para que el Ministerio Público rinda informes al Congreso.
La comisión se instaló a las 9:00 de la mañana con el compromiso de que a las 4:00 de la tarde presentaría el citado informe.
La sesión se inició media hora después de la hora convocado y se dijo que el informe se daría a conocer hasta las 7:00 de la noche.
A las 7:17 PM se inició la sesión para un receso de una hora y fue hasta las 9:53 que se reanudó la sesión, con la introducción del presidente del CN, Mauricio Oliva, quien pidió disculpas por la tardanza en la presentación del informe.
La comisión especial multipartidaria se creó para conocer los avances del Ministerio Público en los casos de corrupción como el saqueo de recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Además, los fondos para el proyecto de la Cuarta Urna, conocido como el 'carretillazo', el caso del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), el tráfico gris en Hondutel; el caso de malversación de fondos en el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Trans 450.
Igualmente, conocer sobre hechos sucedidos en las secretarías de Agricultura y Ganadería; Salud Pública, el avión que desapareció del aeropuerto de Toncontín de la capital en 2006 y una avioneta en San Pedro Sula en 2010.
Asimismo, se adicionaron dos casos que no son de corrupción, pero puede haber responsabilidad de las autoridades por no cumplir sus deberes, como los asesinatos del asesor en materia de seguridad, Alfredo Landaverde, y del periodista Alfredo Villatoro.
Caso IHSS
El presidente de la Comisión, Mario Pérez, agradeció a los demás miembros de la comisión por haberse mantenido firmes hasta la redacción final del documento.
Pérez hizo la introducción del informe con datos acerca de lo investigado en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Después de leer los antecedentes en el caso de la investigación y manejo del descalabro económico del Seguro Social citó los casos de sobrevaloración en la compra de medicinas, la contratación de firmas para el trasiego de dinero, el soborno de altos funcionarios y otras acciones de corrupción.
La Comisión, en el caso del IHSS, hizo hallazgos en los casos ya judicializados y los que están en etapa de investigación.
En el caso del IHSS hay 21 líneas de investigación, hay seis judicializadas y 14 en proceso de investigación.
En el informe recibido por la Comisión se establecen las acciones y los recursos judiciales efectuados por el Ministerio Público, la cuantía del perjuicio económico y la recuperación.
En el caso de la compra de 10 ambulancias se menciona a las personas que ya están enfrentando juicios y que ya se han dado a conocer a través de los medios de comunicación y cuyo daño económico supera los ocho millones de lempiras.
La comisión en este caso, recomienda levantar un expediente a los miembros de la Junta Directiva del IHSS que permitieron esta estafa y a las empresas que suministraron las ambulancias.
En cuanto al proyecto de afiliación del migrante hondureño al IHSS, con un perjuicio económico de más de 800 mil lempiras, señaló que no se logró ningún afiliado. Por este delito se decretó auto de formal procesamiento a los señores Mario Zelaya y Ramón Bertetty.
La comisión considera que hay una tramitación normal de este proceso, pero no hubo una actuación diligente en la captura de los implicados.
En el caso de la transferencias ilícitas entre regímenes, citó un préstamo de 600 millones de lempiras efectuado ilegalmente.
También se menciona el estado actual de las acciones en contra de personas en el extranjero que participaron en el delito de lavado de activos, unos presos y otros capturados.
Con respecto a las empresas fachadas, el informe cita las acciones ejecutadas contra las personas involucradas en estos hechos.
En ese caso se organizó una estructura para la creación de empresas fachadas que causaron un perjuicio económico de 290 millones de lempiras para la compra de mansiones lujosas, y bienes en Honduras y en el extranjero.
En este juicio se han incautado 34 bienes en Honduras, valorados en 156 millones de lempiras y en Estados Unidos por 91 millones de lempiras. Del total se han recuperado 272 millones de lempiras.
En este caso ha concluido una línea de investigación, quedando pendiente la tramitación del juicio.
No están judicializadas un contrato de empresas proveedoras. A la fecha lo que ha hecho el Ministerio Público es tomar declaraciones y recabar informe de la Junta Interventora. No se ha identificado plenamente a los imputados.
La contratación de servicios para el régimen de riesgos profesionales. Este proyecto no fue ejecutado en su totalidad generando una pérdida total de la inversión.
+ INFORME COMPLETO DE LA COMISIÓN MULTIPARTIDARIA
Cheques al PN
En cuanto a la emisión de cheques al partido Nacional, se investigó a varias empresas que emitieron esos cheques a nombre de Azules Unidos y otra a nombra de Amigos de Rial en la que se reflejan diez depósitos de cheques más una rifa de un automóvil que suman 10 millones 70 mil lempiras.
Ademas se ha identificado un cheque por cien mil lempiras, sumado la cantidad de cuatro millones 10 mil lempiras.
En este caso se tomó declaraciones a dirigentes de estos movimientos. Se recomienda la aprobación de una ley que regule el financiamiento de las campañas y se insta que el Partido Nacional devuelva las suma antes referida.
Cuarta Urna
En relación a la Cuarta Urna, la Comisión informó que existen cuatro casos judicializados y dos en investigación preliminar.
Se presentó requerimiento contra Enrique Flores Lanza.
El informe cita todo lo relacionado con la transacción de sacar en carretillas de las bóvedas del Banco Central de Honduras de 40 millones de lempiras.
La Comisión lamenta que han transcurrido cinco años en las cuales se han efectuado acciones dilatorias de la defensa. En este caso ha existido una alarmante permisividad del Poder Judicial para ventilar este caso y darle seguimiento.
La omisión concluye que es evidente un retardo malicioso de la justicia por parte de la defensa y la tolerancia de los jueces. Pide que se inicie un proceso investigativo del proceso.
En el caso dos de la Cuarta Urna, donde aparecen varios imputados, habla del retiro de 10 millones de lempiras por un empleado de Casa Presidencial y entregado al entonces ministro, Enrique Flores Lanza.
Este caso nuevamente se produce el retardo malicioso de la aplicación de la justicia por parte de la defensa, de tal manera que ni siquiera se ha tomado la declaración de imputado.
En consecuencia en este caso se han presentado dilatorias infundadas y excesivo abuso de derecho, así como permisibilidad por parte de las autoridades jurisdiccionales.
En el caso tres de la Cuarta Urna, es un requerimiento fiscal contra el mismo imputado, Rebeca Santos, exministra de Finanzas, en relación a una transferencia de 30 millones de lempiras a la Secretaría de la Presidencia.
En este caso se libraron 29 cheques a favor de empresas de publicidad, empresas de comunicación, compañías de cable y personas naturales.
En este caso se otorgó sobreseimiento a las personas imputadas, por lo que el Ministerio Público interpuso recursos. Transcurridos cinco años, este proceso se encuentra paralizado por las acciones dilatorias por parte de la defensa.
No se ha ejecutado una orden de captura contra el señor César Salgado.
En el cuarto caso se investigan a funcionarios del Poder Ejecutivo por pagos a personas causando un perjuicio de 450 mil lempiras, en donde se menciona que fueron favorecidas varias empreas y personas que no eran empleadas del gobierno.
En el caso cinco se investiga a funcionario del Poder Ejecutivo que recibieron dinero para la ejecución del proyecto de la Cuarta Urna. Aquí se han realizado toma de declaraciones y entrevistas a dichos funcionarios.
En el caso seis, se investigan las irregularidades en el manejo de fondos; seis millones en alquiler de vehículos de lujo, un millón por la compra de un vehículo de lujo, pago de 975 mil lempiras por pago de una noche de hotel a personas que nunca estuvieron hospedadas. En su totalidad, estos actos causaron un perjuicio patrimonial de 18 millones de lempiras.
En el caso de Marcelo Chimirri, está judicializado y se encuentra en proceso de celebración de juicio oral.
En la causa contra Rodofo Padilla Suncery, se indetificó un desvío de fondos por más de 4 millones para fines ajenos a la Alcaldía de San Pedro Sula. Está pendiente el juicio oral que ha sido dilatado maliciosamente.
También está pendiente la causa contra el ex alcalde Oscar Kilgore por malversación de 7 millones de lempiras.
