Las tomas de carreteras que tuvieron lugar ayer por parte de grupos campesinos tienen como finalidad desestabilizar al gobierno, según autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) y la Secretaría de Seguridad.
Los campesinos, cobijados por el Movimiento Campesino Progresista y coordinados por la organización Vía Campesina (que dirige el diputado Rafael Alegría, del partido Libre), se tomaron varias carreteras y puentes del país.
Se trató de un movimiento organizado y sincronizado que paralizó el tráfico vial por varias horas de la mañana en varios puntos del país.
Las demandas
Los campesinos demandan la aprobación inmediata de la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural, introducida a la cámara legislativa desde el 9 de abril del 2014.
Piden, además, la libertad inmediata y sin condiciones de más de 5 mil campesinos que están con procesos judiciales en todo el país y solución inmediata a más de 500 expedientes de adjudicación de tierras en poder del Instituto Nacional Agrario (INA).
Hay un ingrediente político en el comunicado campesino cuando afirma: “Apoyamos incondicionalmente a las y los compañeros que se encuentran en huelga de hambre, luchando porque haya justicia, libertad y paz en nuestra querida Honduras. Nos solidarizamos plenamente con el periodista David Romero y exigimos al gobierno una solución pacífica y justa a este conflicto”.
Las tomas de carreteras suceden cuatro días después de que una turba, liderada por Rafael Alegría, ingresara abruptamente a la sede del Poder Judicial para llevarse al periodista David Romero, quien se encontraba en pleno juicio.
Trasfondo político
Consecuentemente, dichas tomas tienen un trasfondo político, según la Secretaría de Seguridad y el director del INA, Ramón Lara Buezo.
“Estas acciones de alteración del orden público obedecen a una estrategia de grupos interesados en desestabilizar el gobierno, promover el caos y el desprestigio de la institucionalidad para llevar al país a la ingobernabilidad”, dice un comunicado de la secretaría de Seguridad.
“Conforme a lo contemplado en la ley, aquellos grupos que persistan con su incorrecta actitud de bloquear ejes carreteros serán desalojados, ya que perjudican a la gente trabajadora y humilde que se desplaza para realiza sus actividades cotidianas y afectan el desarrollo económico del país”, agrega el comunicado.
Por su parte, el director del INA, Ramón Lara Buezo, afirmó que todo gira en torno a lo político.
Estas tomas comenzaron desde la semana pasada cuando el Movimiento Unificado Campesino del Aguán paralizó el tráfico de la carretera que va hacia Tocoa, dijo el funcionario.
Ellos utilizaron como argumento que el gobierno no quiere solucionarles su demanda de refinanciación del préstamo que por 650 millones le deben al Estado.
Las tomas de ayer son una continuación de aquella, según el director del INA. “El análisis que hemos hecho nosotros es que, en realidad, es político”, afirmó el funcionario.
“La oposición está buscando argumentos de cómo desestabilizar el país”, añadió.
“Desde hace año y medio venimos negociando con los campesinos del Aguán y les hemos pedido que aparten el tema político porque sentimos que la política está muy infiltrada en la zona”, añadió Lara Buezo.
Ley de Reforma Integral
Los campesinos demandan una nueva reforma agraria, que sea integral, justa, equitativa, que sustituya a la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola creada durante el gobierno de Callejas y que solo vino a paralizar la poca política agraria que había en el país.
Sobre el particular, el director del INA fue claro al indicar que el gobierno no respalda esta ley porque, así como está redactada, viola los principios de la propiedad privada.
En otras palabras, los campesinos quieren que se vuelva al sistema viejo de tomas de tierras y que el Estado posteriormente las legalice.
“La ley se ha estudiado y una de la conclusiones es que vendrá a afectar la seguridad jurídica del país porque la ley está pidiendo que se apliquen nuevamente las expropiaciones”.
“Y en un país como el nuestro, tan pobre, que no estemos dando seguridad jurídica, no vamos a poder sembrar seguridad”, dijo Lara.
Al volver a las expropiaciones los mismos grupos campesinos pueden resultar afectados “porque la mayor parte de los conflictos que tenemos de tierras es de los mismos grupos campesinos que están peleando la tierra”.
En cuanto a las capturas, según el director del INA, no es cierto que cinco mil campesinos estén presos o estén enjuiciados.
El cree que solamente hay un diez por ciento de esa cantidad, o sea, unos 500 a nivel nacional se encuentran en esa condición.
