El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió un informe al Ministerio Público sobre supuestas anomalías que involucran a la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo.
Se remitió a la Fiscalía porque hay indicios de responsabilidad penal.
La investigación refiere a una compra de zapatos para niños y niñas por un monto de 7.7 millones de lempiras.
El documento detalla que los fondos fueron aportados por el Programa de Asignación Familiar (Praf) a solicitud del Despacho de la Primera Dama de ese período.
“Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que de ser compartida con esa Fiscalía, provocará que esa Dependencia entable la acción penal correspondiente ante los Tribunales de Justicia respectivos”, cita un oficio del TSC, remitido al fiscal general Óscar Chinchilla.
La auditoría fue practicada al Praf para verificar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, la Ley Orgánica de Presupuesto y sus reglamentos; y las Disposiciones Generales del Presupuesto, en la asignación de fondos del Praf para apoyar el Programa Calzando los Niños de Honduras.
Hallazgos
El informe explica que de octubre a diciembre de 2010 se concretó un proceso de compra de calzado para niños y niñas pobres del país, realizado por el Despacho de la Primera Dama y pagados con fondos del Praf, a un monto de 7,740,000.00 lempiras, correspondiente a 42,100 pares de zapatos.
“Dicho proceso se efectuó omitiendo lo que establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto de ese año y demás normativa legal aplicable, ya que se realizó la compra mediante el proceso de tres cotizaciones cuando para dichas adquisiciones ameritaba un proceso de compra mediante una licitación pública”, concluye el TSC.
“El Despacho de la Primera Dama, al realizar las adquisiciones de calzado, no verificó que los proveedores de los mismos se encontraran inscritos en las diferentes instituciones que estipula la ley como ser: Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio e Industria, Dirección Ejecutiva de Ingresos y Oficina Normativa de Contratación del Estado”, cita la segunda conclusión del informe.
El TSC explica que durante la auditoría “No se obtuvo por parte de las autoridades del Despacho de la Primera Dama la documentación que evidencia la entrega del calzado a los niños y niñas del país, por lo que se desconoce si las compras realizadas llegaron a los beneficiarios del calzado”.
El TSC asegura además haber profundizado la auditoría en escuelas beneficiadas, de estos “algunos centros educativos confirmaron que sí recibieron la donación de calzado por parte del Despacho de la Primera Dama y entregaron solamente el listado de la matrícula; centros educativos confirmaron haber recibido la donación, pero no presentaron ningún tipo de documentación; y existen centros educativos que confirmaron que no recibieron la donación”.
Alteración
En el desarrollo de la auditoría, dos funcionarios del Despacho de la Primera Dama de la Nación, vinculados al Programa Calzando los Niños de Honduras, presentaron al ente contralor actas de entrega del calzado con fecha comprendida en la auditoría y no con la fecha de entrega de los zapatos.
La auditoría constató la alteración en algunos documentos que soportan el pago realizado en concepto de compra de calzado.
Dentro de las cotizaciones presentadas, la gerente de una de las empresas afirmó al TSC que la firma de la persona que cotiza no se encuentra registrada en la base de datos de los empleados que tienen la responsabilidad o función de firmar dichas cotizaciones.
Con lo anterior se trató de justificar los procedimientos de compra que establecen las Disposiciones Generales de Presupuesto, dice el TSC.
Según la auditoría, una funcionaria del Despacho de la Primera Dama retiró personalmente los cheques del Praf, quien argumentó que los entregaría directamente a los proveedores, a quienes se les efectuó la compra, lo que constituye una práctica inusual en la administración pública.
Por lo anterior, no se pudo constatar que los proveedores que proporcionaron el calzado recibieron efectivamente el pago, ya que los cheques no fueron entregados directamente por el Praf a cada proveedor, sino que fue por medio de una funcionaria del Despacho de la Primera Dama.
Otra irregularidad encontrada refiere a que se utilizó una misma factura con diferente fecha, para amparar las compras pagadas con cheques.
Por otro lado, el Praf no confirmó los documentos de liquidación de viáticos y gastos de viaje presentados por varios funcionarios del Programa, ya que varios hoteles del país confirmaron que algunas facturas presentadas por empleados no corresponden a las emitidas por ellos.
En el informe se establece que se habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en los procesos de adquisición, pago, recepción y distribución de algunas compras de calzado realizadas en el Despacho de la Primera Dama con fondos del Praf.
Asimismo, en falsificación de documentos para justificar procedimientos de compra de calzado y liquidación de viáticos y otros gastos de viaje.
Acción
Respecto a este informe, Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, confirmó que el ente ya recibió el expediente del TSC.
Explicó que el informe fue recibido por el fiscal general Óscar Chinchilla y turnado a la Fiscalía para la Trasparencia y Combate a la Corrupción Pública.
Indicó que esa Fiscalía investiga si hubo irregularidades y quiénes la cometieron para emitir los requerimientos fiscales si existiera delito.
Aquí el comunicado íntegro:
