La justicia de Honduras no tiene información sobre la declaración como narcotraficantes de varios conocidos empresarios y políticos hondureños pertenecientes a un clan vinculado a varios partidos del país presentadas por el gobierno de los Estados Unidos
'Sobre la acción de un tribunal de Nueva York contra los Rosenthal no puedo opinar porque no conozco el asunto' dijo el jueves Oscar Chinchilla, Fiscal General de Honduras en relación con las acusaciones de lavar dinero del narcotráfico lanzadas por el departamento de justicia de Estados Unidos contra tres miembros de la familia Rosenthal, uno de los clanes empresariales y políticos más poderosos de Honduras, vinculados con el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, el opositor partido liberal y el presidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de estado en 2009.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el miércoles que Jaime Rolando Rosenthal Oliva, su hijo Yani Benjamin Rosenthal y su sobrino Yankel Rosenthal fueron designados narcotraficantes, junto con siete de sus negocios —incluido el banco hondureño Continental— señalados de haber sido utilizados para lavar dinero.
'El Ministerio Público responde solo por las acciones que entabla o que conoce en Honduras', agregó el funcionario, que no explicó si la fiscalía ha iniciado o prepara acusaciones en contra de los Rosenthal, que se han declarado inocentes de cualquier vínculo con el narcotráfico.
La afirmación del funcionario, muy cuestionado desde hace meses en las calles por miles de manifestantes que piden la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad ante la inacción de las autoridades locales antes la corrupción, el narcotráfico y la violencia, llega un día después de la de la declaración del Departamento de Justicia estadounidense y de la detención en Miami de Yankel Rosenthal, que fue ministro de inversiones del gobierno de Juan Orlando Hernández hasta junio de este año.
A los Rosenthal se les acusa de ser 'narcotraficantes especialmente designados'. Dicha declaración permite que las autoridades estadounidenses congelen todos los activos en ese país y prohíban las relaciones económicas con su grupo de empresas, entre las que se encuentra el Banco Continental, a las que se acusa de lavar dinero del narcotráfico.
Honduras tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos y varios narcotraficantes hondureños pertenecientes a la familia Valle y a la familia Rivera Madariaga, que actuaba en la misma zona en la que se encuentran gran parte de las empresas de los Rosenthal y que tenía depositadas sus cuentas en el banco de los hoy acusados de lavado esperan sus juicios en prisión tras ser extraditados. El hijo del ex presidente Porfirio Lobo, predecesor de Juan Orlando Hernández, también fue detenido por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) a principios de año.
La acusación se extiende además de a los tres políticos, a su abogado, Andrés Acosta García. Cada uno se enfrenta a una sentencia máxima es de 20 años de cárcel en Estados Unidos.
El Grupo Continental, propiedad de la familia Rosenthal, incluye una fábrica de cemento, bienes raíces, una empresa de telecomunicaciones y el periódico Tiempo, del cual Jaime Rosenthal es presidente y Yani Rosenthal vicepresidente.
Entrevistado por canal 5 de televisión, Yani Rosenthal aseguró desconocer los hechos concretos de las acusaciones de Estados Unidos y afirmó que 'en ningún momento hemos participado en tráfico de drogas y jamás se nos ha acusado ni tampoco investigado por eso'.
'Hemos contratamos abogados en Estados Unidos con todo poder para defendernos... y seguiremos adelante para probar nuestra inocencia porque hemos recibido un enorme respaldo nacional', dijo.
El embajador estadounidense en Tegucigalpa, James Nealon, comentó en su cuenta de Twitter que 'las acciones de hoy por el #USTreasury en contra de #BancoContinental y sus propietarios dejan claro que la impunidad no se mantendrá'.
Estadísticas oficiales establecen que por el territorio hondureño pasan cada año más de 100 toneladas de cocaína de América del Sur con destino a Estados Unidos. El Fiscal General anterior, Luís Rubí, reconoció que la impunidad en el país llega a más del 90% de los casos.
