Defensores de Derechos Humanos denunciaron este jueves su malestar por las irregularidades registradas en el proceso que se le sigue a Gustavo Castro, único testigo del crimen contra la dirigente indígena, Berta Cáceres, ocurrido el pasado jueves en La Esperanza, Intibucá.
El proceso judicial ha estado caracterizado por la violación a los derechos humanos y garantías procesales de Gustavo Castro y su familia, entre ellas las largas jornadas de espera para la práctica de diligencias investigativas, la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a fotocopias de todas las diligencias, falta de asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave, denuncian.
Además se le han retenido sus pertenencias personales y sobretodo la prohibición de salir del país, medida que la propia jueza del caso reconoce en su resolución como no prevista para testigos, continúa refiriendo el comunicado.
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En el documento señalan también que la referida jueza Victorina Flores, del Juzgado Primero de Letras de Intibucá resolvió negar el recurso de reposición interpuesto contra la prohibición por treinta días de salir del país al imputado.
Según los defensores de derechos humanos, 'la jueza confundió los hechos al determinar que Gustavo Castro inclumplió la prohibición de salir del país, medida que él nunca tuvo co-recibida'.
Cuando se suscitó el incidente en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, las autoridades al retenerlo en la terminal, en ningún momento le mostraron ninguna citación, revelaron.
Lamentan además la suspensión del proceso y del ejércicio de la profesión de la jueza que decretó a la abogada de Gustavo Castro, Ivannia Galeano, por un término de 15 días, medida que se extralimita de las facultades del órgano jurisdiccional y además carece de la fundamentación adecuada.
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Las irregularidades cometidas se suman a las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se han llevado a cabo en el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres, y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro, señalan.
Con estos indicios tememos que la jueza del caso esté predispuesta para fincar responsabilidad penales a Gustavo Castro, que es víctima, testigo y defensor de derechos humanos.
'Del mismo modo las actuaciones de la Fiscalía y del Juzgado han generado un estado de indefensión total de las víctimas y de los testigos, limitandóseles la documentación fundamental para la representación en el proceso como ser la copia de las diligencias en las que han participado. También constituir una práctica inhibitoria para el ejércicio de la representación legal por cualquier abogado que quisiera representarlas'.
En tal sentido, los denunciantes consideran que la Embajada de México en Honduras debe doblegar los esfuerzos para restituir los derechos humanos de Gustavo Castro, proteger su integridad física y psicológica, de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos frente a una detención ilegal en Honduras y en peligro de su criminalización.
