Tegucigalpa, Honduras
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad de votos y para evitar un vacío de poder, otorgó al titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, toda autoridad para gobernar por decreto.
Lo anterior después de que los magistrados declararan inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura (CJ) y Carrera Judicial.
Asimismo, los togados declararon que va contra la Constitución que el Congreso Nacional elija a los concejales y al Inspector General de Órganos Jurisdiccionales.
Sin embargo, los magistrados dejaron intacto al CJ al no modificar los artículos 313 y 317 de la Constitución de la República, los cuales dan vida al órgano que administra el Poder Judicial.
Al no haber Ley del Consejo ni concejales, los magistrados hicieron uso del decreto 5-2011 para que el presidente de la CSJ asuma todas las actividades administrativas hasta que el CJ funcione nuevamente.
Futuro
Los magistrados se reservaron el derecho para redactar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Los concejales serán elegidos por los magistrados y no por los diputados y el CJ ya no será un órgano paralelo al pleno de la CSJ, sino bajo su égida.
La carrera judicial, temporalmente será regida por la vieja ley de 1980, la cual fue puesta en vigencia nuevamente. La sesión del pleno fue convocada para las 10:00 de la mañana de ayer, horas después fue suspendida, para reiniciar a las 4:00 de la tarde.
Siete magistrados titulares faltaron a la cita, cinco de la Sala Constitucional, ya que la ley les prohíbe volver a conocer del recurso y dos porque que tenían compromisos internacionales.
Siete magistrados de Corte de Apelaciones a nivel nacional votaron en lugar de los ausentes.
Una vida polémica
El CJ entró en pleno funcionamiento el 15 de octubre de 2013, con la intención de separar el área administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial.
Así, los magistrados se dedicarían a resolver expedientes judiciales y los concejales a administrar las finanzas de la CSJ.
Los diputados eligieron a Teodoro Bonilla Euceda, Francisco Quiroz, Julio Barahora y Rolando Argueta como concejales.
El órgano sería presidido por el titular de la CSJ, Jorge Rivera Avilés.
Semanas después de asumir, los concejales adjuntaron 40 mil lempiras mensuales de gastos de representación a su salario de 100 mil lempiras, lo que provocó una serie críticas en su contra por parte de la sociedad.
Posteriormente iniciaron un proceso de depuración de jueces, magistrados y personal administrativo que fue considerado violatorio del debido proceso y las garantías establecidas en la Carta Magna, según la misma Sala Constitucional.
Las quejas de intervencionismo e intimidación a jueces por parte de los concejales motivó a que nueve exmagistrados enviaran una carta pública exigiendo respeto para los servidores e impartidores de justicia.
Semanas después, el Ministerio Público acusó a Bonilla, vicepresidente del CJ, por supuesto tráfico de influencia por llamar a dos juezas pidiendo favores judiciales para dos primos acusados por delitos ligados al crimen organizado.
En febrero de 2016 los concejales nombraron a su compañero Francisco Quiroz como magistrado de Corte de Apelaciones a pasar que faltaban tres años para dejar su cargo.
La denuncia, a la cual se le sumaron otras sobre irregularidades en los nombramientos, fue el inicio del declive del Consejo de la Judicatura
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