Tegucigalpa, Honduras
El expediente de inteligencia policial que contiene la investigación sobre la muerte del exdirector de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González, sigue sin ser encontrado.
Autoridades del Ministerio Público informaron a EL HERALDO que continúan procesando la información que fue secuestrada de las instalaciones del Cuartel Casamata y de las oficinas del Cuartel General en El Ocotal.
Sin embargo, la Fiscalía aún no ha dado con el expediente original de esta investigación que acredita que agentes de la Policía Nacional planificaron dentro de Casamata el crimen contra el zar antidrogas.
Las máximas autoridades del Ministerio Público informaron que, aunque la búsqueda no cesará, iniciarán un proceso de validación de la información divulgada en exclusiva por EL HERALDO.
Con esta acción se busca realizar un análisis de cada uno de los elementos aportados, pero verificados con diligencias de investigación para acreditar lo revelado en este informe, del cual solo existirían copias.
Hasta el momento la Fiscalía no ha determinado si el expediente fue destruido o extraviado en su totalidad, ya que aún existen documentos para revisión.
Su muerte
González fue asesinado el 8 de diciembre de 2009 por miembros de la Policía Nacional, por orden de un narcotraficante que opera en Colón y que pagó 20 mil dólares a los sicarios por el crimen, según revela el expediente DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009.
El asesinato fue una represalia contra González por haber impedido, con su equipo de la DLCN, que un grupo de 12 policías sustrajeran 143 kilos de cocaína en una supuesta operación encubierta en La Mosquitia.
De acuerdo con el informe de inteligencia, existe un video que grabó una conversación entre altos oficiales sostenida en un despacho en el Cuartel de Casamata para planificar el asesinato.
El informe detalla que los oficiales pensaron que las cámaras estaban apagadas, por lo que abiertamente hablaron de cometer el crimen.
Manipulados
En aras de obtener esta información, el pasado 4 de abril la Fiscalía solicitó en horas de la mañana, a las autoridades policiales, entregar este informe para su proceso de investigación y judicialización.
La petición se realizó horas después de que EL HERALDO desplegara en su edición el impactante documento que dejó a la vista el encubrimiento y la inoperancia de los operadores de seguridad y justicia.
Sin embargo, la información que le fue entregada a la fiscalía no coincidía con el informe publicado por este medio de comunicación.
La Fiscalía confirmó que el expediente DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009 tenía el mismo número de folio, pero en su interior los documentos no coincidían. Otra fuente informó a EL HERALDO que en el informe que se entregó a la Fiscalía se encontraron archivos de gastos administrativos. Por ejemplo, uno de los documentos refiere a una orden de compra de combustibles.
Este acto obligó al Ministerio Público a solicitar una orden judicial para el secuestro de documentos en Casamata, que fue ejecutada ese mismo día en horas de la noche por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), acompañados por elementos de la Policía Militar.
El secuestro de documentos continúo en la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y en la Inspectoría General de la Policía Nacional.
Pero la manipulación no solo fue detectada en este caso, sino también en los informes SEDS-IG-1106-2011 y SED-IG-0167-2012 sobre el asesinato del exasesor de la DLCN, Alfredo Landaverde.
De acuerdo con la fiscalía, en estos documentos la policía solo señaló por el crimen al civil Marvin Noel Andino Mascareño, y no a los 24 policías que participaron en el hecho ocurrido el 7 de diciembre de 2011.
Citados
Hace dos días en el programa 30/30 el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, cuestionó que los operadores de seguridad y justicia del país no estuvieran al tanto de este informe sobre la muerte de González.
“Aquí no hay que engañarse, ¿cómo no se iban a dar cuenta en el Ministerio Público?, ¿cómo no se iban a dar cuenta en los juzgados?, ¿cómo no se iban a dar cuenta en algunas instituciones? y ¿cómo no se iban a dar cuenta de esa información sectores que recolectan datos?”, preguntó.
En ese sentido, dijo que el Ministerio Público no tenía otra opción que llamar a declarar a los exministros de Seguridad, directores de la Policía y todos aquellos que ocuparon un cargo de jefatura.
Al respecto, la Fiscalía reiteró que citará a todas las autoridades involucradas desde el año 2011 hasta la fecha.
Informaron que elaboran los interrogatorios de acuerdo con el cargo que ocupó cada uno de los citados, para que los cuestionamientos sean con base en las atribuciones que les confiere la ley.
Además se informó que en esta semana se podría iniciar con el desfile de diferentes cúpulas policiales para que rindan cuentas sobre el hecho.
Depuración
Este escándalo nuevamente puso en la palestra pública la necesidad de la depuración policial.
En este contexto, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional discutió y aprobó el decreto 21-2016, que declara emergencia nacional la depuración.
La herramienta entró en vigencia la noche del viernes luego de que Hernández la sancionara y fuese publicada en el diario oficial La Gaceta.
La normativa otorga al ministro de Seguridad atribuciones para disolver la relación laboral con elementos de la policía de los que hubiese sospecha de que contribuyen con las redes del crimen organizado y el narcotráfico.
También se crea una comisión especial presidida por el secretario de Seguridad y que integrarán tres miembros que serían nombrados por Hernández esta semana.
La ley obliga, además, que la comisión se encargue de dar seguimiento a los policías que sean separados. De acuerdo con lo expresado por Hernández, existe una lista de 1,400 uniformados que serían separados.
Pero también se establece la posibilidad de que los policías se retiren de forma voluntaria y que por ello reciban un incentivo que será determinado por el ministro de Seguridad.
Además, faculta a las autoridades del Ejecutivo para la colocación de bonos tanto en la banca nacional como internacional para agenciarse de los fondos requeridos para el pago de prestaciones de los uniformados separados.
Hasta ahora el gobierno no ha detallado una cifra del costo que tendrá para el país la depuración, pero se presume que será de 200 a 500 millones de lempiras.
La depuración se realizará en 12 meses en los que el secretario de seguridad y la comisión deberán aplicar herramientas como las pruebas de confianza para certificar a los elementos que ahora serán funcionarios públicos de confianza.
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