Tegucigalpa, Honduras
El exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, y el exministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, sí conocieron el informe que vincula a policías con el asesinato del exasesor de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLNC), Alfredo Landaverde.
De acuerdo con el oficio SEDS-IG-0178-2012, de la Inspectoría General de la Policía, con fecha 25 de mayo de 2012, Pompeyo Bonilla ordenó que el expediente SEDS-IG-0167-2012, que contiene la investigación de crimen de Landaverde, le fuera entregado a “El Tigre” Bonilla.
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“Cumpliendo con instrucciones del señor secretario de Estado en los despachos de Seguridad, remito a usted el expediente investigativo SEDS-IG-0167-2012, de fecha 25 de mayo del 2012, que contiene las investigaciones realizadas por Inspectoría con relación al asesinato del ingeniero Gustavo Alfredo Landaverde Hernández y las lesiones graves provocadas a la señora (su esposa) Hilda Caldera Tosta, donde involucran a oficiales y policías como autores materiales, intelectuales y cómplices”, dice el oficio dirigido al exdirector de la Policía.
El informe SEDS-IG-0167-2012 indica que un alto oficial de la Policía Nacional ordenó la muerte de Landaverde porque este hizo fuertes cuestionamientos sobre la corrupción en la institución armada en el programa Frente a Frente de canal 5.
Pero en el reporte SEDS-IG-0178-2012 se cuestiona que a los policías señalados de tener participación en el crimen “no se les aplicó ninguna sanción administrativa”.
No obstante, se le indica en ese documento a Bonilla que “por instrucciones superiores deberá aplicarles (a los policías que supuestamente mataron a Landaverde), a la mayor brevedad posible, el decreto de depuración 89-2012 y remitir el mismo (informe) al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes”.
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“En cuanto a la responsabilidad administrativa, primero: se declara con lugar mediante decreto 89-2012 el procedimiento disciplinario policial incoado a los miembros de la Policía Nacional sospechosos” del crimen de Landaverde, acota el oficio.
Los elementos señalados de participar en el crimen de Landaverde deben salir de la Policía Nacional por “incumplimiento y violación grave de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional”, cierra el oficio.
Obstrucciones
De acuerdo con el informe SEDS-IG-0167-2012, más de 20 policías tuvieron algún grado de participación en la muerte de Landaverde.
El civil Marvin Noel Andino Mascareño fue condenado a 22 años de cárcel porque se le encontró culpable de haber disparado contra Landaverde.
Pese a que el informe la Inspectoría General daba a conocer el nombre, apellido y rango de la veintena de sospechosos, solo Mascareño fue acusado y sentenciado.
De acuerdo con ese reporte, hubo colusión entre investigadores del caso y sospechosos para que el reporte fuera archivado y no se procediera judicialmente contra los involucrados.
El Ministerio Público aseguró que nunca tuvo acceso a los informes que señalan que policías planearon y ejecutaron la muerte de Landaverde.
El único reporte que tuvo el ente acusador fue el que vinculaba a Mascareño con el delito.
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