Tegucigalpa, Honduras
Al menos 50 subcomisionados serán separados de la Policía Nacional de los 108 que fueron investigados por la Comisión Especial de Depuración del ente armado, lo que representará la mayor sacudida de uniformados producto del proceso de adecentamiento de esa institución.
Este medio centenar de efectivos serán cancelados porque ya no encajan en la nueva estructura de la Policía, el mismo argumento que aplicó la Comisión para separar a tres directores generales y 23 comisionados generales, confió una fuente a EL HERALDO.
A finales de la semana pasada ya existía un consenso entre los comisionados depuradores para que el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, que también integra la Comisión, proceda a destituir a los altos oficiales a más tardar el martes de la presente semana, dijo la fuente.
La suerte de estos elementos quedó sellada luego de que la Comisión revisara los expedientes de cada uno de ellos que enviaron entes contralores como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público.
De igual manera se revisaron las hojas de servicios de los policías que obran en la Policía Nacional.
“Esta vez tenemos mayor información, hay más datos y partiendo de ahí se están tomando las decisiones que corresponden”, dijo la fuente.
La Comisión tuvo problemas para separar a los primeros altos oficiales porque en los archivos de la Policía solo existían expedientes de dos hojas de algunos de estos.
Posteriormente, la Comisión tuvo acceso a una base de datos digital de los expedientes de los policías, lo que les ha facilitado el trabajo de investigación.
¿“Toros” protegidos?
Entre los depuradores han aflorado algunas diferencias porque, mientras unos piden que se destituyan a altos oficiales que tienen vínculos con el crimen organizado, otros, aparentemente por temor no respaldan la separación de estos elementos.
Y en medio de esta disyuntiva existen presiones políticas para que no sean cancelados ciertos oficiales relacionados con la delincuencia, aseguró la fuente.
Al parecer, existen diputados que son parientes de policías corruptos que estarían moviendo los hilos del poder para que estos no sean destituidos.
La Comisión ha detectado que existen policías que han amasado millonarias fortunas a base de extorsión y otras actividades ilícitas, pero no se ha podido separarlos por las diferencias de criterios.
Los comisionados que han frenado algunas destituciones lo habrían hecho luego de que trascendieran amenazas contra todos los miembros de ese ente depurador.
Hace un mes trascendió que el presidente Juan Orlando Hernández les habría dicho timoratos a los depuradores porque consideraba que habían tomado pocas medidas sancionatorias contra policías corruptos.
La primera medida de limpieza de la Comisión se aplicó el 21 de abril con la cancelación de los comisionados Elder Madrid Guerra, Leopoldo Flores Milla y Leandro Osorio, mientras que se suspendieron a los exdirectores de la Policía Nacional, Ramón Sabillón y Ricardo Ramírez del Cid
Posteriormente, a finales de abril, fueron evaluados 47 comisionados, de los que 23 fueron cancelados porque no eran competentes para la nueva estructura.
De igual manera, la Comisión aceptó el retiro voluntario de cuatro comisionados, suspendió de sus cargos a cuatro y ratificó en sus puestos a 16.
La Comisión Especial de Depuración fue creada mediante el decreto legislativo 21-2016, publicado en el diario La Gaceta el 8 de abril, para acelerar la estancada limpieza de la Policía Nacional.
Los integrantes de la Comisión son el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano; la miembro de la Comisión Interventora de Instituto Hondureño de Seguridad Social, Vilma Morales; el coordinador de la Asociación para una Sociedad más Justa, Omar Rivera, y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, que la preside.
Esta medida se tomó tras la publicación que hizo EL HERALDO de informes de la Policía Nacional que vinculan a elementos de la institución en la planificación y ejecución de los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González el 8 dediciembre de 2009 y de su asesor Alfredo Landaverde el 7 de diciembre de 2011.
El decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad.
Luego el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 29-2016, que le permite a la Comisión hacer una reingeniería en el organigrama de la Policía Nacional.
