Tegucigalpa, Honduras
El abuso de algunos oficiales de la Policía Nacional se ha extralimitado.
La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional ha detectado que existen efectivos de diversos rangos que han gozado de reposos hasta por cuatro años, y otros de forma indefinida gracias a incapacidades médicas.
Lo lamentable es que los miembros de la institución cobran sus salarios y se han desempeñado en actividades o negocios personales, lo que les genera otros ingresos.
Omar Rivera, miembro de la Comisión, considera que “existe una cultura perversa, una práctica reprochable, en utilizar el reposo o la incapacidad por algún tipo de problemas de salud como un mecanismo para no trabajar en la Policía”.
“Es una práctica bochornosa utilizada por muchos oficiales y de escala básica, que lamentablemente ha sido avalada por autoridades del sistema sanitario nacional, que se prestan a ese tipo de actos que colinda no solo con el fraude, sino con la más vil ilegalidad, porque es el pueblo hondureño el que paga los salarios de alguien que está en perfecto estado de salud”, enfatizó.
Rivera considera que estos actos son consecuencia de “la manipulación de esas certificaciones de salud, no por un período pequeño de tiempo, sino por un período prolongado que se extiende por años, de forma casi indefinida, lo que le permite a estos oficiales dedicarse a cosas particulares, ganando un salario”.
La Comisión piensa conformar un equipo, entre otros, integrado por el Colegio Médico, para investigar si los certificados médicos son legales.
En caso de que se corrobore que los certificados son fraudulentos, la comisión procederá a despedir a los policías que se beneficiaron con las mismas.
“Vamos a tomar las medidas del caso para verificar la legalidad, la pertinencia y la vigencia de esas certificaciones médicas y regular de una forma adecuada dichos documentos que han sido extendidos por los médicos a donde han asistido a las consultas”, dijo Rivera.
La separación de los policías que han disfrutado de este tipo de “vacaciones” será autorizada por el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien preside la Comisión Especial de Depuración.
El abuso en las incapacidades fue detectada luego de que los comisionados revisaran la hoja de vida de los policías que se encuentran en una base de datos digital.
La Comisión Especial de Depuración, integrada por Vilma Cecilia Morales, Omar Rivera y Alberto Solórzano, realiza el proceso de revisión y evaluación de los expedientes de los oficiales, en donde se han encontrado las irregularidades.
Subcomisionados
Para esta semana, la comisión depuradora tiene previsto notificar la cancelación de al menos 50 subcomisionados de los 108 cuyos expedientes fueron investigados.
Estos efectivos serán separados porque no se les podría dar funciones en el nuevo organigrama de la Policía Nacional.
La Comisión canceló a tres directores generales y 23 comisionados generales porque no hay espacios para ellos en la estructura policial que se está conformando.
Mediante el decreto legislativo 21-2016 se creó la Comisión Especial de Depuración, que tiene como misión certificar a los policías que van a continuar en la institución y separar a quienes no sean idóneos.
Estas medidas depurativas se acordaron luego de que EL HERALDO revelara que, según informes de la Policía, elementos de la entidad participaron en los asesinatos del zar antidrogas, Julián Arístides González, y el asesor en seguridad, Alfredo Landaverde.
