A 88 altos oficiales de la Policía Nacional se han ratificado hasta la fecha en sus cargos como parte de la depuración de la institución armada, lo cual equivale al 54 por ciento de un total de 164 uniformados sometidos al proceso de certificación.
Lo anterior fue precisado por el miembro de la Comisión Especial para la depuración y transformación policial, Omar Rivera, quien aseguró que en este procedimiento se ha valorado las publicaciones divulgadas tanto por EL HERALDO como The New York Times sumado a las acciones investigativas del Estado.
'El esfuerzo que la comisión ha realizado en las últimas cuatro semanas ha estado vinculado a certificar la idoneidad de 164 generales, comisionados y subcomisionados de los cuales hemos ratificado 88, cancelado 56, suspendidos 12', detalló.
El funcionario agregó que 'le hemos concedido retiro voluntario a cuatro y continuamos con el proceso de investigación con cuatro -policías- más'.
La comitiva nombrada por el Poder Ejecutivo determinó el martes cancelar a una treintena de subcomisionados que se suman a la lista 23 comisionados y tres generales de Policía.
Entre los agentes del orden separados de sus funciones se encuentra personal con más de tres décadas de antigüedad en el servicio policial, quienes han manifestado su malestar e inconformidad por impedirles continuar con su carrera bajo el lema de 'Servir y Proteger'.
Reestructuración
'Nosotros hemos cancelado por reestructuración lo que no implica la imputación de un delito, crimen u actuación ilícita que delimite el goce de sus derechos laborales; las investigaciones que se están realizando en este momento y las que se van a hacer descansarán en una acción penal que le corresponde al Ministerio Público', explicó Rivera.
Indicó que en el caso de contar con reportes de que un policía ha cometido un ilícito no se insta al titular de la Secretaría de Seguridad para que sea indemnizado, caso contrario cuando se detectan expedientes inmaculados, donde si procede el pago de todos sus derechos laborales.
El también coordinador de la Asociación por la Paz y la Justicia (APJ) remarcó que las decisiones que se toman en la comisión depuradora se basan en información oficial suministrada por unidades de dependencias estatales, gubernamentales, organismos contralores y judiciales.
'Estamos haciendo un esfuerzo importante por consolidar información clave que lamentablemente había estado en diferentes instituciones del Estado y en las próximas semanas se la estaremos facilitando al Ministerio Público dicha información', expresó.
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