Tegucigalpa, Honduras
La clase política y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) deberían imitar el ejemplo de México, donde el organismo rector de procesos electorales es el único ente autorizado para pautar la propaganda política en igualdad de condiciones de los candidatos a cargos de elección popular.
Al tener un ente regulador del bombardeo propagandístico y sus recursos financieros se podrá tener un control de los montos de dinero utilizados y, lo más importante, de sus orígenes.
Hoy en horas de la tarde, la Maccih tendrá una reunión con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional para ultimar detalles de la nueva ley que se va a aprobar y que procura evitar en las campañas la presencia de dineros ilícitos.
Según fuentes vinculadas a los partidos políticos, el gobernante Partido Nacional gastó alrededor de 800 millones entre las elecciones primarias y generales de 2012 y 2013, en tanto que los partidos Libre y Liberal destinaron unos 150 millones cada uno. Esto sin incluir la deuda política, que para esta ocasión fue de 163 millones.
“Faltan cien días para el llamamiento a elecciones y esa ley tiene que estar aprobada. Lo condenable es que los demás partidos están de acuerdo, pero están condicionando”. |
El TSE contrataría
El primer abanderado de este esquema de control es el exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, quien en varias ocasiones viajó a México a conocer cómo funciona este sistema de regulación del financiamiento de las campañas políticas.
Si se aprobara este método, los candidatos presidenciales, candidatos a diputados y alcaldes, tendrían que pasar primero el filtro del TSE para lograr que sus mensajes lleguen hasta el elector, que en su mayoría tiene un promedio de escolaridad bajo.
“En México, el organismo electoral es el que paga la propaganda de los partidos pero de manera equilibrada, es decir, establece una proporcionalidad entre los partidos y a cada uno de los partidos se les asigna una cantidad de horas, una cantidad de dinero”, expuso a EL HERALDO el expresidente del TSE.
De esta manera, “no son los partidos los que contratan la publicidad, sino que el Tribunal contrata los medios y los paga y de esta manera se evita el hecho de que los partidos estén recaudando fondos de manera ilegal”, añadió.
A criterio de Aguilar, la Maccih y los partidos políticos deben incluir “multas severas” si los partidos o sus candidatos violan la ley. “Se les puede cancelar hasta la personería jurídica”, sugirió, coincidiendo con la propuesta del diputado udeísta Andrés Pavón.
Agregó: “Lo importante es que en la reforma se haga énfasis en el origen de los fondos, de dónde provienen, que haya un registro minucioso de esas fuentes. Se debe ser riguroso y personalizado, es decir que los partidos y candidatos deben llevar una contabilidad muy bien ordenada, que debe ser presentada al TSE y al TSC (Tribunal Superior de Cuentas)”.
“Esta ley tiene que estar aprobada antes de las internas. Si no le atienden a la Maccih esa solicitud, lo correcto sería que la Maccih se fuera porque se estarían burlando de ella”. |
Estudios y reflexiones
Según un estudio del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), “el financiamiento privado de las campañas ha adquirido proporciones que amenazan severamente a la democracia” en Honduras.
Acota el documento que “las organizaciones de narcotráfico al invertir en política pretenden al menos tres propósitos claramente perfilados: Facilidades e impunidad para operar en el territorio de los países, permisividad para realizar las inversiones con las que se ejecuta el lavado de activos y protección contra la extradición de personas ligadas al narcotráfico”.
“Un Estado en el que los intereses de grupos - lícitos o ilícitos- se imponen sobre el interés público está siendo dañado de manera grave a su institucionalidad y en su democracia. El efecto más directo de ello es una múltiple y severa reducción del beneficio ciudadano”.
“Uno de los grandes obstáculos para que los representantes, mandatarios, funcionarios y empleados prioricen el interés público como referente universal de su actuación es la influencia política decisiva de los grupos económicos y sus intereses particulares, lícitos e ilícitos. El financiamiento indebido de los partidos y sus campañas es un espacio decisivo para que tales grupos fácticos adquieran y mantengan el elevado grado de influencia que les permite manipular el poder a conveniencia”, afirma el documento.
“Es importante el financiamiento político, pero también hay otras reformas que requiere el país para profundizar la democracia y la participación política”. |
Posición final del PN
A través de su presidenta Gladis Aurora López, el Partido Nacional anunció que está listo para apoyar esta nueva ley y exhortó al resto de partidos a respetar el primer consenso, mismo que está poniéndose en peligro porque a última hora están condicionando sus votos.
Este condicionamiento, según López, es porque el partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Anticorrupción (Pac) están exigiendo que primero se apruebe la ciudadanización de las mesas electorales, su representación en los organismos electorales y la segunda vuelta electoral.
Si estos partidos insisten con estas posiciones será difícil llegar a un acuerdo porque lo que más urge en estos momentos es la ley que regulará el financiamiento de las campañas, dijo la presidenta del Comité Central.
“Faltan cien días para el llamamiento a elecciones y esa ley tiene que estar aprobada y reglamentada antes de ese llamado. Lo condenable es que los demás partidos políticos manifiesten que están de acuerdo, pero que estén condicionando la aprobación”, afirmó.
La ley que está en discusión tiene como casos puntuales la prohibición de las aportaciones privadas anónimas y el uso de recursos del Estado para hacer campaña directa o subliminal.
“Todas las reformas son importantes, pero vemos que el Partido Nacional nos quiere meter a todos en su agenda y nosotros lo que queremos es una reforma integral”. |
